“Un estado democrático de derecho solo lo puede garantizar un Fiscal General independiente”, dijo ayer el comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez.
Después de una ponencia sobre el combate a la corrupción en el marco de la Semana de la Transparencia, el abogado colombiano habló sobre la importancia de que tal funcionario esté exento de presiones políticas y partidarias y exhortó a que el actual proceso de elección de fiscal en El Salvador se haga teniendo en mente la importancia de la independencia y la idoneidad.
El riesgo de no tener en cuenta estos aspectos, añadió el comisionado, es que la aplicación de la justicia en el país se haga de manera selectiva y se deje de medir a todos los ciudadanos con el mismo rasero.
“Un fiscal que actúa de acuerdo a intereses particulares o sectoriales no va a perseguir o iniciar investigaciones criminales con la misma contundencia a personas de sus afectos”, recalcó el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Velásquez contrastó estas palabras con su vivencia propia, pues durante su mandato al frente de la CICIG estuvo a cargo, junto a la fiscal general Thelma Aldana, de desenmascarar la red de defraudación aduanera “La Línea”, la cual estaba encabezada por el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos se encuentran en prisión preventiva acusados de varios cargos de corrupción.
En este periodo, tanto Velásquez como Aldana enfrentaron presiones políticas y hasta amenazas pero mantuvieron su labor de investigación, persecución y seguimiento de los casos de mayor impacto en la historia reciente de Guatemala.
Asimismo, el colombiano recalcó que la importancia de esto no es solo lograr condenas de altos funcionarios y que el combate a la corrupción no es un fin en sí mismo. “Cuando se genera la idea de que nadie está sobre la ley, la posibilidad de generar mayor convivencia es absoluta”, explicó Velásquez.
Resalta importancia de apoyos políticos y sociales
Sin embargo, a juicio de Iván Velásquez, si bien un fiscal general independiente es una condición necesaria para una sociedad más transparente, no es el único factor que puede garantizar éxito en el combate a la corrupción en un país.
Volviendo al caso de Guatemala y su “primavera” de 2015 que desembocó con la caída de Pérez Molina y Baldetti, el jefe de la CICIG identificó dos importantes aliados: la sociedad civil y el sector privado.
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Sin el primer grupo, dijo, “el gobierno habría podido actuar con tranquilidad en sus actos corruptos y con tranquilidad contra la CICIG y la fiscal general Aldana”. Sin embargo, al ver el abrumador apoyo a la lucha contra la corrupción, que de abril a septiembre de 2015 abarrotó las plazas principales con manifestaciones, “tuvieron que abstenerse (de plantarse contra las investigaciones), pues había una amplia voluntad de que continuara el combate a la corrupción”.
Sobre el sector privado, Velásquez lo ve como un importante aliado en 2015, pero lamenta que el año siguiente muchos empresarios al “verse involucrados por temas de soborno, cohecho o financiamiento ilícito de partidos, iniciaron una campaña fuerte contra la comisión, inclusive de lobby en Estados Unidos para disminuir o restar el apoyo de ese país a la CICIG”.
Tensa relación con el presidente de Guatemala
Además del boicot que ha hecho a la CICIG el sector privado, en agosto de 2017 el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró a Velásquez “persona non grata” y desde ese momento ha hecho varios esfuerzos por que este no pueda ingresar al país. De hecho, en la actualidad Velásquez está operando la comisión desde fuera del país.
Ante eso, expresó que esta situación dificulta el trabajo de la institución, pues no tiene la misma dinámica de trabajo con su equipo, pero asegura que el combate a la corrupción y las investigaciones continúan a pesar de la distancia.
Asimismo, el presidente Morales anunció que después de septiembre de 2019 esta comisión no continuará en Guatemala.
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El mandatario fue vinculado por la CICIG a casos de corrupción y su hermano e hijo han sido enjuiciados por presunto fraude y adjudicación irregular de contratos.
Ante esta actitud del presidente, Velásquez afirma que “lo importante es que haya continuidad independientemente del futuro de la CICIG”. Además, recalcó que en sondeos de opinión, alrededor del 70% de guatemaltecos afirman estar a favor de esta institución y de que se continúe el combate frontal a la corrupción. Eso sí, el comisionado advirtió que “importa más un respaldo general a la justicia que el respaldo a la CICIG”.