El peritaje psicológico fue el fundamento esencial en el que se basó el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador para fijar la indemnización en $125,000 que el exfiscal general, Luis Martínez, debe pagar a la víctima, el exsacerdote, Antonio Rodríguez Tercero, más conocido como Padre Toño.
Según la jueza Rosa Irma Vigil, el informe psicológico detalla “la afectación emocional, físico, económico y moral que se dio contra el exsacerdote Antonio Rodríguez Tercero”.
El ex fiscal Luis Martínez fue hallado culpable del delito de divulgación de material reservado y fue sentenciado a cinco años de prisión y a responder civilmente por la suma de $125,000
¿Pero de dónde sacó la jueza Vigil esa suma? Ella dijo que Rodríguez demostró con documentos que todos sus ingresos que obtenía se vinieron abajo. “Él captaba ayudas de ONG y otras instituciones para ayudar a niños huérfanos, para dar becas a niños y niñas pobres de este país”. aseguró la juzgadora.
Pero todo eso se perdió cuando el exfiscal general Luis Martínez, abusando de su cargo y capricho, según la jueza, reveló hechos privados ante las autoridades eclesiásticas y en especial ante el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, así como ante todos sus superiores.
Como resultado, lo expulsaron, le quitaron todos los beneficios que la Iglesia Católica le daba, lo menospreciaron y lo destituyeron de todo. “Nadie se imagina la gran crisis que el exsacerdote ha tenido”, afirmó Vigil, convencida de su decisión.
La juzgadora afirmó que el peritaje detalla que el exsacerdote, para mantenerse de pie, tuvo que incurrir en gastos psiquiátricos, hospitalarios, compra de medicamentos y que ha quedado perenne.
“Se hizo prediabético, le sucedieron tantos problemas económicos y morales, hay un periódico X que me reservo el nombre que publicó un montón de cuestiones de él”, afirma ella. Incluso trae a cuenta, a quienes por desconocimiento de las leyes dicen que hasta “muy poquito se le puso y otros que demasiado”.
“Pero esta jueza que le habla, lo que ha hecho es aplicar la ley y como según el artículo 24 de la Constitución, al imputado debía aplicársele la Constitución como a todos”.
Para Vigil, “todo ser humano está protegido en sus derechos íntimos y personales y lo que el señor ex-Fiscal puso a oír (audios) a estos prelados de la Iglesia, fueron cosas bien íntimas del exsacerdote Antonio, entonces, con base en la Constitución y todo lo que se me demostró en el proceso impuse, la condena penal y civil”.
La funcionaria aclaró que el que tenga prácticas sexuales diferentes, “no le da derecho a nadie a meterse en su vida privada”.
Agregó: “Los jueces y juezas debemos ser garantes a que no se den estas violaciones a los derechos de las personas; anteriormente aquí se han dado tantas violaciones y nadie ha dicho ni pío”, subrayó Vigil.
Vigil citó el artículo 24 inciso tercero de la Constitución que dice: la violación comprobada a lo dispuesto en este artículo por parte de cualquier funcionario será causa justa para la destitución inmediata y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
¿Cómo estableció el monto?
La querella o abogados particulares de la víctima pidieron 120,000 dólares de indemnización, pero la jueza impuso 5,000 dólares más, ¿en qué se basó para hacer eso?
La jueza explicó que los $125,000 por los que condenó a Luis Martinez, “surgió haciendo la sumatoria de todos los gastos y todo lo que la víctima ha perdido desde que fue acusado”.
La jueza explicó que sumó todas las facturas de los gastos en que incurrió el exsacerdote Rodríguez para recuperarse del daño.
Y además afirmó que hay un “lucro cesante (sueldos, ayudas, empleo) que toda persona investigada pierde, porque nadie le da empleo, lo consideran un delincuente y alrededor de él hay una atmósfera negativa que lo agobia”.
Y en esto el Estado también es culpable, agregó, por lo que debería responder subsidiariamente, pues el imputado era Fiscal General de la República y, por ende, un funcionario público.
En este caso, dijo que ella no tiene que dar solo que pida la Fiscalía y la querella o la defensa. “Tengo que darlo todo conforme a derecho”, afirmó.
Por ejemplo, dijo, la parte querellante le pidió 24 años de prisión porque habían tres delitos pero al hacer el estudio profundo de la participación delictiva del exfiscal, “me di cuenta que él solo actuó en la primera, y fue cuando se reunió en el Arzobispado y les expuso el caso de Rodríguez Tercero.
De hecho, dice la juzgadora, Escobar Alas y los superiores de la Iglesia Católica le dijeron al exfiscal: “mire, pero él no depende de mí, sino de sus superiores, ellos son religiosos y no son de mi Diócesis”.
Con la exposición de los audios al prelado católico, Martínez quería quedar bien con monseñor Escobar Alas, y ahí hubo premeditación, dice la jueza. “Fiscalía me pedía 8 años, la querella 24 años, pero yo le puse 5 años, que es la media. Además me pedían 120 mil dólares pero el análisis de todo lo que se había perdido por la intervención del señor exfiscal, decidí que fueran 125,000”, argumentó.
Para ella, esos 125,000 no cubren todo lo que Rodríguez ha perdido, y dice que en países como Estados Unidos esa indemnización pudo ser millonaria. Pero, en todo caso, ella considera que el monto cubre el lucro cesante, debido a que a él lo sacaron de donde estaba, era el encargado de todas las obras sociales de los pasionistas en El Salvador,
El daño al exsacerdote, abundó la jueza, se extendió a terceros como los niños y adolescentes beneficiarios con becas y que las perdieron al retirarle la cooperación internacional.
La juzgadora sostuvo que la vida íntima es problema de cada quien, y el que fuera procesado y condenado por introducir objetos ilícitos destinados a pandilleros en cárceles, ese es otro proceso, que ahí no se mete ella.
Para la jueza Vigil, este caso deja una lección: “aprender a respetarnos unos a otros".