La elección del Fiscal General

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05 December 2018

En las próximas dos semanas la Asamblea Legislativa debe designar al nuevo Fiscal General de la República. Entre las posibilidades se encuentra la de reelegir al fiscal Douglas Meléndez. El país no soportaría una mala elección. Primero porque los avances en la lucha contra la corrupción en los últimos tres años han sido notables. La condena de un expresidente y la de sus más cercanos colaboradores por los delitos de peculado y lavado de dinero, la del anterior fiscal por la divulgación de material reservado, y los procesos de extinción de dominio por el enriquecimiento ilícito de varios exfuncionarios representan un avance sin precedentes en esta materia.

En segundo lugar es urgente el nombramiento debido al grave problema de inseguridad. Los homicidios, las extorsiones, los robos de vehículos, las violaciones, entre otros tipos delictivos, son de tal magnitud que la FGR no puede esperar a que el fiscal llegue a aprender de derecho penal. La coyuntura exige una persona que conozca el área y que tenga la capacidad de orientar la actuación de los fiscales auxiliares.

Un tercer aspecto, muy relevante, tiene que ver con las elecciones de 2019. Los próximos comicios, como en el resto de América Latina, serán muy competidos. La posibilidad que la distancia entre el triunfador y su más cercano contendiente sea estrecha es cierta y muy probable. Esta situación podría derivar no solo en la impugnación de los resultados para que se revise el conteo de votos sino también en acciones constitutivas de ilícitos electorales. En consecuencia se requiere de un liderazgo fuerte y claro, y de un contingente de fiscales electorales que abarquen los 1,595 centros de votación si se pretende garantizar el orden y la transparencia del proceso electoral.

Por otra parte esta elección de segundo grado debe motivar un debate acerca de asuntos de estratégica importancia para la institución. El actual titular ha planteado la discusión sobre el periodo para el cual es electo este funcionario. Al concluir los tres años establecidos en la Constitución apenas se ha tenido el tiempo de conocer las diferentes unidades de trabajo. La ventaja de la FGR en el trienio que concluirá el 5 de enero de 2019 ha sido la de contar con un fiscal de carrera a quien le tomó menos tiempo adaptarse. Los obstáculos fueron otros. Se tuvo que “limpiar la casa” por la contaminación que se encontró al tomar posesión.

Además de revisar el plazo mencionado, los diputados y la sociedad entera deben reflexionar sobre las necesidades financieras de la FGR. La ausencia de control de los fondos públicos ha forzado al Fiscal General a utilizar su tiempo y recursos para investigar, además de otros delitos graves, las conductas vinculadas a la malversación de fondos. Si el resto de instituciones cumple adecuadamente con sus funciones la Fiscalía puede dedicarse prioritariamente a atender el tema de la delincuencia y el del crimen organizado.

La cooperación internacional ha respaldado decididamente a la FGR. Sin duda ninguno de los Embajadores estaría dispuesto a recomendar a sus respectivos gobiernos la continuidad de la ayuda si se reducen los estándares de las tareas realizadas en el periodo que está por finalizar. Esta es una buena noticia. Quien llegue encontrará el listón bastante alto. Tendrá que lidiar con las victorias y con los retos de su antecesor. No le será fácil manipular los expedientes en curso ni mucho menos denigrar al personal que ha diligenciado los casos en los que se lograron históricas condenas. Tampoco podrá, o por lo menos se le dificultará, actuar a espaldas de los grupos civiles que exigen un enfrentamiento valiente para acabar con la opacidad en el ejercicio del poder y que han estado al pendiente del funcionamiento autónomo del sistema anticorrupción.

Aunque no lo notemos y para muchos sea difícil de reconocer porque están padeciendo los embates de los delincuentes, la institucionalidad avanzó desde 2009 a la fecha. Primero con la Sala de lo Constitucional y con el pleno de la Corte Suprema de Justicia, y luego con la labor de la Fiscalía General. Persisten serios desafíos pero el balance es positivo. El objetivo a corto plazo es una buena elección para preservar los éxitos y para seguir progresando.

Doctor en Derecho y politólogo