Con la reforma se busca homologar la terminología para cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, ratificado por El Salvador el 4 de octubre de 2007. La aprobación es en primera vuelta, por lo que la siguiente legislatura que funcione a partir de 2021 tendrá que ratificarlo.
El nuevo texto constitucional del inciso segundo del artículo 37 quedaría así: “El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con alguna discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial”. Según David Reyes, de ARENA, la terminología que se ocupaba para referirse a las personas con discapacidad estaba desfasada y es discriminativa.