Hace cuarenta años los españoles aprobamos en referéndum nuestra Constitución, un texto que habían negociado y consensuado los partidos políticos representados en las Cortes Generales a raíz de las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras después de cuatro décadas de régimen dictatorial. Así se iniciaba el periodo con más libertad, prosperidad e igualdad de derechos de nuestra historia.
Nuestra Constitución desarrolla un amplio catálogo de derechos civiles, políticos y sociales, inspirado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumento en vigor desde 1953.
España se constituía además en un Estado social y democrático de Derecho que consagraba la intervención de los poderes públicos para garantizar el bienestar social con acciones en materia de salud, educación y sistema de pensiones, entre otros ámbitos.
La centralidad de los derechos humanos se reforzó por tanto con la puesta en marcha de una Administración del Estado protagonista y motor del bienestar social, y de un modelo de economía social de mercado.
La Constitución abrió las puertas además a un sistema en permanente evolución que permite el desarrollo del principio de igualdad, incluyendo la igualdad de género, objeto ésta de dos leyes orgánicas, una de protección integral contra la violencia de género, otra de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aprobadas en 2004 y 2007, respectivamente.
La Constitución respondió también a la necesidad de preparar el ingreso en la entonces denominada Comunidad Económica Europea concretado en 1986. Además, recogía nuestra especial relación con América Latina, que se quiso reconocer en el artículo 11.3, recalcando dicho vínculo especial, mediante la apertura a los convenios de doble nacionalidad. Como ocurriría en tantos otros ámbitos, la Constitución marcó el rumbo de las incipientes instituciones y de los diferentes desarrollos normativos en el plano de las relaciones internacionales con especial incidencia en América Latina. Así, la primera Ley de Cooperación Internacional estableció como área geográfica de actuación preferente a los países de Iberoamérica, a la vez que se fraguaba un entramado institucional que favorecería este vínculo, en el que destaca la consolidación de la comunidad iberoamericana de naciones y nuestra contribución a su desarrollo institucional a través de las Cumbres Iberoamericanas y de la puesta en marcha de la Secretaría General Iberoamericana.
En sintonía con los principios rectores constitucionales, la apuesta por el multilateralismo en el marco de Naciones Unidas es otro rasgo de la proyección exterior de España. Responde al espíritu solidario de la ciudadanía, comprometida con la ayuda al desarrollo —a la creación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) se une la proliferación de organizaciones no gubernamentales especializadas en desarrollo— y con la acogida e integración de inmigrantes y refugiados.
En el plano interno, la Constitución de 1978 consagró el equilibrio político e institucional, poniendo las bases del Estado de las Autonomías, regido por el principio de solidaridad interterritorial y basado en un enfoque dual de la descentralización, funcional, porque acerca los centros de toma de decisión política y de gestión administrativa a los ciudadanos, e identitaria, porque preserva nuestra diversidad lingüística y cultural. En España hay cuatro lenguas cooficiales con el castellano en seis comunidades autónomas: el gallego, en Galicia; el euskera, en el País Vasco y Navarra; el catalán, en Cataluña y las Islas Baleares, y el valenciano en Valencia.
El equilibrio conseguido por la Constitución no estuvo exento de amenazas. Entre ellas, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 o el terrorismo de ETA. La sociedad española afrontó con enorme madurez y compromiso democrático esos intentos de romper nuestra convivencia. Como señalaba la historiadora Pamela B. Radcliff, “España negoció una senda prácticamente desconocida que sentó las bases de un nuevo modelo para que los regímenes autoritarios se convirtieran en democracias”. Este proceso es el que puso fin al particularismo español dentro de Europa, que Ortega y Gasset tanto criticó. Nuestra Constitución, que él hubiera calificado de proyecto sugestivo de vida en común, es el eje de la formidable transformación de los últimos 40 años de la historia de España y por tanto nos hace sentirnos orgullosos de ella.
Nuestra responsabilidad hoy es seguir desarrollando los principios consagrados en su texto, un documento vivo y que incluye también provisiones para su reforma, que garantizan que esta se lleve a cabo, si se diera el caso, con el mismo espíritu de consenso, de tolerancia, y de respeto a la convivencia que inspiró su elaboración y aprobación hace cuarenta años.
Embajador de España en El Salvador