Representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil enfatizaron que los diputados deben poner especial cuidado en la trayectoria de los candidatos a la Fiscalía, para indagar si algunos de ellos podrían tener conflicto de interés en caso de que fueran electos.
Dentro del listado de 32 aspirantes al cargo, están algunos que han llegado a ostentar cargos públicos designados por funcionarios y exfuncionarios a quienes en algún momento tendrían que investigar y acusar si fueran electos fiscal.
“Esas son consideraciones creo yo relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la trayectoria profesional de cada una de las personas, es parte del análisis, saber de qué han trabajado en los últimos años y si podría existir un conflicto de interés”, explicó a El Diario de Hoy, la presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Erika Saldaña.
LE PUEDE INTERESAR: El Fiscal que necesita El Salvador
Para el caso, el exmagistrado Ulices del Dios Guzmán, quien compite por ser fiscal, ha sido el apoderado legal del empresario Enrique Rais, actualmente prófugo de la justicia acusado de formar una red de presunta corrupción y por presuntamente entregar dádivas al exfiscal Luis Martínez, procesado por tres casos de corrupción, aparte del juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.
Este periódico intentó en repetidas veces hablar con el exmagistrado Guzmán, pero no contestó las llamadas a su teléfono móvil.
“En el caso de Ulices del Dios Guzmán, puede ser más palpable (el conflicto de interés) pues hay una relación profesional de apoderado de confianza y el señor Enrique Rais, ha sido señalado en varios procesos que está llevando la Fiscalía precisamente”, afirmó Saldaña.
De acuerdo a Javier Castro, Director del Departamento de Estudios Legales, de la Fusades, la Comisión Política de la Asamblea debe “transparentar las trayectorias de los candidatos y determinar los conflictos de intereses que pudieran existir y valorar si es idóneo y la persona adecuada para el cargo”.
Añadió que si alguno de los aspirantes les genera dudas, esa persona debe ser descartada. Cree que es importante que los diputados sean “rigurosos” examinando la trayectoria de los candidatos.
“Se deben asegurar que las personas cumplen los requisitos constitucionales para ser fiscal y dentro de ello que sean independientes, probos, idóneos y libres de cualquier cuestionamiento ético”, dijo.
Otro candidato a la Fiscalía es el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, quien fue designado por el expresidente Mauricio Funes a esa entidad en el primer periodo de su gestión como magistrado.
Funes ha sido condenado por una Cámara de lo civil por enriquecimiento ilícito durante su periodo presidencial y actualmente es procesado por sobornar al exfiscal Martínez y por lavado de dinero por $351 millones de fondos públicos.
Castaneda explicó que la duda es válida, pero asegura que su nexo con Funes se debe a que fue designado por el exmandatario a propuesta de los sectores de la sociedad civil. Actualmente lleva su segundo periodo en el TEG como presidente de la institución, electo por la Asamblea, pero “una vez nombrado, nosotros no debemos obediencia a ninguno que nos nombró”, acotó Castaneda.
Justifica que aunque fue electo por los diputados ya sancionó a varios de ellos por incumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental.
LEA TAMBIÉN: Diputado Almendariz llamó al Congreso a elegir en tiempo al fiscal general
Sin embargo, Saldaña dice que Castaneda tiene en sus manos decidir si amonesta o no a quienes también tienen el poder de elegirlo a él como fiscal, a raíz de la denuncia interpuesta por varias organizaciones civiles en contra de la Comisión Política por no elegir en tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado Manuel Chacón, otro de los aspirantes explicó que aunque trabaja como asesor del Ministerio de la Defensa desde hace 10 años, no tiene ningún conflicto de interés para optar al cargo de fiscal.
“Veo casos desde la Corte de Cuentas hasta casos de asesoría interna y no sólo soy yo, no habría ningún conflicto de interés porque el ministro de la Defensa no está siendo procesado”, aseguró.
Jaime Campos también fungió como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), nombrado a propuesta del sector empresarial, pero designado en el cargo por Funes.
“No habría conflicto de interés, no fui funcionario de gobierno, la naturaleza del Instituto es de una entidad autónoma en lo funcional y en lo técnico”, argumentó Campos.
La subcomisión que evalúa los perfiles se reunirá este día, ya que ayer no lograron el quórum para elaborar el informe que darán a la Comisión Política, ya que las entrevistas a los 32 aspirantes a la Fiscalía terminaron la semana pasada.
Lo que está listo es un cuadro de ponderaciones de cada uno de los candidatos, que será la base con la que podrían depurar el listado y hacer sugerencias de quiénes están mejor evaluados para el cargo.
Entre los aspectos evaluados están: la moralidad notoria, la experiencia, trayectoria, la “seguridad y serenidad” que mostraron.
Antonio Almendáriz, del PCN, explicó que no pueden “inhabilitar” a nadie por supuestos nexos con exfuncionarios.
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que no valorarán conflictos de interés, sino los requisitos que establece la ley.
Rodolfo Parker, del PDC, sostuvo que esos “detalles los valorarán escrupulosamente”; y Norman Quijano, de ARENA, afirmó que ellos sí “verán el grado de vinculación” que tengan los candidatos.