El jueves terminaron las entrevistas a los candidatos a Fiscal General de la República. Parece que los diputados no han aprendido de las experiencias y continuaremos sin un procedimiento objetivo para seleccionar funcionarios. Seguirán aplaudiéndose después de cada elección sin motivo alguno, pues si los nombramientos llegan a feliz término, con personas capaces de ejercer el cargo con competencia y rectitud, es producto únicamente del mérito que los elegidos puedan tener y por la presión de la sociedad civil que ha mantenido a los legisladores bajo la lupa. Los diputados, a la fecha, no han sido capaces de construir un proceso objetivo y transparente que sea la base de cualquier elección de funcionarios.
Hay que partir del perfil de abogado que se necesita para ser Fiscal General. Los diputados no pueden acudir de nuevo al argumento dado en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos los candidatos eran igualmente capaces. Eso es falso. Y con lo anterior no se trata de insultar, minimizar o rechazar a las personas. Solo hay que tener claro que no todos tenemos la misma educación, experiencia laboral y ni todos los candidatos presentaron los mismos planes de desarrollo institucional. No todas las personas son igualmente idóneas para una institución que necesita a profesionales preparados.
Los diputados también deben tener claro que el haber sido funcionarios de alto rango de dependencias del Estado no vuelve a una persona competente para el cargo. En listado de candidatos hay muchos que han pasado por diversas entidades públicas. A ellos debe cuestionárseles más sobre los resultados que han tenido y ponderar si merecen una nueva elección. La función pública no es un estilo de vida.
Las entrevistas deben tener un fin sustancioso y no tomarlas como una simple formalidad. Los diputados tuvieron la oportunidad de cuestionar a los diversos candidatos y no lo hicieron a profundidad. Sin embargo, de dichas entrevistas son rescatables los planes de desarrollo institucional que cada uno de los candidatos presentaron, pues brindan una idea de hacia dónde iría enfocado el trabajo del nuevo Fiscal. Considerando que tres años es un periodo corto e insuficiente para desarrollar la infinidad de planes que necesita la FGR a nivel interno y externo, como país no podemos darnos el lujo que una persona llegue a aprender al cargo.
Y dado a que la Asamblea Legislativa ha quedado en deuda en relación con el procedimiento al interior de la Comisión y Subcomisión Política, es necesario que los legisladores corrijan las deficiencias en el camino. De manera urgente debe establecerse los próximos pasos a seguir, que incluyan la depuración de las hojas de vida que cumplen los requisitos mínimos y que cuenten con un perfil de conocimiento relacionado al quehacer del Fiscal General; aquellos que presentaron documentación deficiente deben ser dejados a un lado; de ahí analizar de manera detallada y pública el perfil de cada uno y dejar para la decisión final solo a los mejores evaluados. Es lo menos que pueden hacer.
Como país no podemos acostumbrarnos a que la elección de funcionarios sea un “golpe de suerte” o quedarnos a rogarle a Dios que los nombramientos resulten provechosos para la institucionalidad. Las personas a las que nos interesa el bienestar y futuro de nuestro país no nos vamos a cansar de insistir en que hagan bien su trabajo. La elección del Fiscal General es de vital importancia para El Salvador, por la defensa de los intereses del Estado, el combate a la corrupción, la efectiva garantía de los derechos de las personas. Hay que ponerse serios, diputados.
Abogada