Tras la sanción impuesta por Estados Unidos a la vicepresidenta y primera dama de este país, Rosario Murillo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia abogó este miércoles por la reanudación del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.
“Esperamos que las funestas consecuencias del aislamiento internacional que sufrirá Nicaragua haga reflexionar a los gobernantes para que, deponiendo sus egoísmos personales, piensen en la patria y se reinstale a la brevedad posible el diálogo”, señaló esa coalición opositora que agrupa a sectores estudiantiles, campesinos, empresariales y civiles de Nicaragua.
La Alianza Cívica es la contraparte del Gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
Según ese grupo, los responsables de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Murillo, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega, son los mismos gobernantes nicaragüenses. “La reacción internacional tiene su origen en la desmedida represión gubernamental que lleva más de 400 muertos, casi 600 presos políticos, detenciones arbitrarias y más de mil heridos”, argumentó esa Alianza.
Advirtió que el Gobierno de Ortega “ha respondido con más represión y supresión de derechos” a los reiterados llamados de la comunidad internacional a buscar una solución dialogada a la crisis.
“Las sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, argumento que Ortega ha repetido por más de cuatro décadas. Son respuestas de una comunidad internacional que no puede quedarse indiferente ante tanta represión y muerte”, valoró.
Agregó que “esas sanciones son medidas extremas ante acciones extremas de injusticia perpetradas por Ortega y Murillo, ésta última señalada directamente por las sanciones como importante responsable”.
Las sanciones, impuestas por orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier “propiedad o intereses en propiedades” de Murillo o Moncada que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción estadounidense. Washington señala a Moncada de estar involucrado en casos de corrupción, extorsión y sobornos en beneficio de Murillo y Ortega.
Además, se prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados, y la Casa Blanca comunicó que la entrada de los sancionados en el país ha quedado suspendida. “Reiteramos que el único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el Gobierno que ha violentado la Constitución, las leyes, la institucionalidad, los derechos humanos, que ha fomentado la corrupción, que ha pretendido instaurar una dinastía basada en el abuso de la autoridad, la violencia y el miedo”, indicó la Alianza Cívica.
El Gobierno de Nicaragua rechazó la decisión de Estados Unidos.