Ya empezó la carrera por la Fiscalía General de la República. Recién salimos de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y tenemos sobre la mesa el proceso para reelegir o buscarle sustituto a Douglas Meléndez. En los últimos tres años, aún con las deficiencias humanas, la FGR ha sido una institución trascendental para el combate a la corrupción; hay que poner los ojos en los candidatos y sobre el trabajo que se encuentra realizando la Asamblea legislativa en el proceso de elección.
Los diputados nos han quedado debiendo desde el principio. Las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para mejorar los procesos de elección de funcionarios todavía no han visto la luz. Desde el año pasado, diversas organizaciones de la sociedad civil mencionaban la necesidad de un procedimiento compuesto de varias etapas por medio del cual se determine quién cumple con los requisitos y quién no.
Los diputados dijeron que estas reformas al RIAL no se lograban implementar para el proceso de la CSJ, entonces las prometieron para elección de la cabeza de la FGR; sin embargo, ni siquiera están siendo discutidas, por lo que empezamos mal. Hay que tener claro que no todas las personas que se someten al proceso gozan de la misma idoneidad, por lo que un proceso de depuración se vuelve sumamente necesario.
El proceso de elección debería estar compuesto, como mínimo, de las etapas siguientes: convocatoria con un perfil preestablecido; posteriormente que una comisión acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos, luego que se analicen aspectos cualitativos individuales de cada candidato; además, debe existir participación ciudadana, para que aporten diversas perspectivas de cargos tan trascendentales; el desarrollo de entrevistas no debe ser un mero requisito formal, sino la oportunidad de profundizar la filosofía de trabajo del candidato e indagar su trayectoria profesional; por último debe existir una motivación razonable por parte de los legisladores de por qué el elegido es la mejor opción entre los candidatos que compiten. Esto es lo mínimo, y ni siquiera con eso han cumplido a cabalidad.
No se ha establecido un perfil mínimo, considerando las atribuciones que la Constitución otorga a la FGR, tales como la defensa de los variados intereses del Estado, defensa de la legalidad, la dirección de la investigación, la promoción de la acción penal, entre otras. No se ha determinado cuáles son los criterios de evaluación, concretizado en el ahora tan odiado baremo. Estas herramientas no son perfectas ni constituyen los únicos elementos a considerar para una elección, pero son una base objetiva para determinar quiénes cumplen los requisitos y tienen méritos para optar a un cargo.
Algo importante es que hay que dejar a un lado a los “funcionarios de carrera”, esas personas que quieren exhibir una experticia para casi todo y se postulan a cualquier puesto público; también a quienes ya han ocupado antes una silla al frente de una institución pública. Estas personas ya tuvieron su oportunidad de demostrar lo que podían hacer por el país; muchos de estos funcionarios pasaron por las instituciones sin pena ni gloria y no deberían estarse considerando para un nuevo cargo.
También es necesario señalar que la Asamblea Legislativa tiene una especial responsabilidad de hacer un escrutinio más intenso a las personas que ya fungieron como funcionarios. Los diputados están en la obligación de comprobar los resultados que lograron anteriormente estas personas al frente de las instituciones y por qué merecen una reconsideración para otro cargo público.
La elección de un funcionario siempre debe presentarse como el reto de elegir al mejor. No al que más bulla hace, al que anda buscando apoyos políticos a escondidas o el que promete favores a cambio de la elección. En el caso de la FGR, se trata de elegir a la persona que de verdad eche a andar una institución que por varios años se convirtió en garante de la impunidad; alguien que cuente con la suficiente independencia para trabajar frente a cualquier caso y quien goce de la credibilidad de la sociedad civil con base en sus méritos y no a conveniencia política. La ciudadanía salvadoreña merece el esfuerzo de elegir comprobadamente a los mejores. Diputados, los seguimos observando.
Abogada