En mayo de 1980, la policía hizo un gran operativo en las ventas de discos de San Salvador y el interior del país y decomisó toda la música folklórica latinoamericana que había.
Llegaron al extremo de incautarse hasta de la música instrumental andina (pura quena, charango, guitarras y bombo), aduciendo risiblemente que a través de ella “se enviaban mensajes los grupos subversivos”.
Es cierto que había música de protesta entre los cientos de acetatos negros confiscados, pero quedó a discreción de un jefe de policía y de pobres soldaditos decir si aquello “era cultura o no”.
Al mismo tiempo, le dieron la estocada final clausurando el periódico de izquierda El Independiente, de Jorge Pinto, que ya había aguantado bombas y cierres.
Por las mismas razones habían dinamitado varias veces las torres de la YSAX, la radio de San Romero, y probablemente se había incendiado el periódico opositor La Crónica del Pueblo. Pura intolerancia.
Casi cuatro décadas después un lote de miles de historietas sobre la violencia en el país fue decomisado por la decisión de un jefe de policía que consideró que “hacen apología de la violencia”.
Posteriormente se supo que, aunque el funcionario contó con el apoyo de sus superiores, obró por sí y ante sí y sin respaldo de una orden judicial ni de la Fiscalía. Es decir, no fue un juez quien lo calificó.
Más allá del contenido de las historietas, algunas de las cuales hablan de un superhéroe antipandillas y cómics para jóvenes que en lo personal no me gustan, me preocupa el hecho de que un funcionario literalmente “por sus pistolas” pueda decomisar publicaciones que considere “apologéticas de la violencia”.
Es como que a un cura o a un pastor se le ocurra decomisar publicaciones que estime que son ateas o destruir obras de arte, como ya ha ocurrido.
La Constitución es clara en garantizar la libertad de expresión y rechazar la censura previa.
Vamos a pensar que se actúo con la mejor de las intensiones, pero por lo que se ve, se trató de una decisión precipitada que no contó con un aval técnico jurídico de un tribunal o la Fiscalía, que es la garante de la legalidad.
Esto deja la duda —y el riesgo— de si estamos retrocediendo a tiempos en que los comandantes de pueblo eran los todopoderosos y podían decidir sobre la libertad de los vecinos, o como la discrecionalidad que la guerrilla le dio a Mayo Sibrián para que mandara a la eternidad a todos los que considerara contrarrevolucionarios. Dicho y hecho: mandó al otro mundo a 1,000 guerrilleros después de someterlos a crueles torturas solo porque les gustara la “música imperialista” de Los Beatles o querían tener novias.
Eso me recuerda la nueva ley de medios y espectáculos públicos, propuesta por el partido oficial FMLN, que quiere montar un consejo consultivo para decidir qué transmitirán las televisoras, el cable y hasta Netflix, en aras de garantizar la “cultura de paz”.
Así como esos adefesios, hemos visto muchos otros intentos de censura y control estalinista a lo largo de estos 10 años. Pero todo esto es obra de personas que se dicen “progresistas”.
Recuerdo cómo se llenaban la boca llamando progresistas a sí mismos y a gobiernos que se ha demostrado que estaban engusanados de corrupción y mentiras cobijándose con el “socialismo del Siglo XXI”. Realmente querían que “progresista” fuera sinónimo de corrupción o viceversa.
Sólo hay que ver cómo en Nicaragua los que se hacen llamar “sandinistas” no permiten que el pueblo se exprese en manifestaciones, matan a quien se les opone y acusan de “golpistas” a todo lo que se mueve en contra, como hizo Somoza en su momento.
Mejor abran los ojos y vean que el mundo está cambiando, que nada queda oculto y que todo se paga. Si no, pregúntenle al “progresista” Lula…
Periodista