Después de la elección, llega la calma… al menos eso esperaríamos tras de todo el ruido y tipo de campaña que estamos viendo en estas presidenciales. Pero no, no estoy hablando de las elecciones de 2019, sino de que finalmente, tras más de cuatro meses de retraso, por fin tenemos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, una nueva Sala de lo Constitucional.
Lo importante es que, con esta elección, no llegue la calma, al menos para los ciudadanos. Hoy, más que nunca, debemos continuar vigilantes y activos, para que los nuevos magistrados cumplan su trabajo con apego a la ley y no para beneficiar a unos pocos. Y aunque personalmente este resultado me deja un sabor agridulce —había candidatos mejor evaluados según los baremos propuestos con criterios técnicos y no partidarios— soy optimista y confío en que continuarán el trabajo realizado por sus antecesores, que pusieron límites a los abusos de poder sin importar el partido o ideología, garantizando el respeto a nuestra Constitución.
La Sala de lo Constitucional anterior dejó el listón alto. Recordemos algunas de las sentencias emitidas por el máximo tribunal. En 2010, avalaron la participación de candidatos no partidarios en las elecciones para diputados y declararon inconstitucional la llamada “partida secreta” de la presidencia, que, como hemos visto en el caso del expresidente Saca, fue una ocasión para la corrupción; el mismo uso le habría dado el expresidente Funes.
En 2011, cancelaron los partidos PDC y PCN por no haber alcanzado el mínimo de votos en 2004. ¡Cuánto tuvo que pasar para hacer cumplir con la ley! Ese año llegó una de mis sentencias favoritas: ordenaron desbloquear las listas de candidatos a diputados, incluyendo las fotografías de sus rostros. Posteriormente, dieron luz verde al voto cruzado, declararon inconstitucional el transfuguismo e inhabilitaron a los diputados suplentes de la legislatura 2015-2018, pues no fueron elegidos como tales en los comicios.
Declararon inconstitucionales varias elecciones de funcionarios, como los nombramientos de los magistrados de la CSJ de las generaciones 2006 y 2012; el de Salomón Padilla como presidente de la CSJ por afiliación partidaria; el de Astor Escalante como Fiscal General por haber sido electo por la misma legislatura que en 2009 había nombrado a su antecesor; el de Eugenio Chicas como presidente del TSE por afiliación partidaria y el de los magistrados de la Corte de Cuentas Gregorio Sánchez Trejo, Javier Bernal y Andrés Rovira, este último presidente de GANA, ahora convertido en el partido celeste golondrino.
En 2016 emitieron tres resoluciones que ocuparon la portada de los medios de comunicación por su alto impacto: suspendieron el cargo del 13 % a la tarifa de energía eléctrica; declararon inconstitucional la Ley de Amnistía, lo cual abrió la posibilidad de que sean retomados los crímenes cometidos durante el conflicto interno, tanto por parte del Ejército como del FMLN y anularon la aprobación de $900 millones en bonos, aprobados gracias al voto de un diputado suplente que sustituyó a la propietaria Sandra Salgado, quien en la primera votación no fue favorable a la emisión de deuda.
No podemos dejar de mencionar la lucha contra la corrupción, gracias al impulso que dieron a la Sección de Probidad. Fruto de esto es la condena histórica —no del todo satisfactoria para algunos— de un expresidente de El Salvador.
Estos, entre otros tantos que podríamos mencionar, son algunos ejemplos de cómo la Sala de lo Constitucional anterior luchó por fortalecer la institucionalidad y garantizar la independencia de poderes. Lo confirma el disgusto que generaron, al inicio de su trabajo, hacia algunos sectores de la política, quizás malacostumbrados a sentencias benevolentes, quienes respondieron con el cuestionable Decreto 743.
¿Qué lecciones nos deja este proceso tan entorpecido? Primero, urgen reformas para elegir a funcionarios de segundo grado, con criterios en los que prevalezcan las competencias, moralidad notoria e independencia. Segundo, una vez más, salió a luz la ineptitud de varios diputados que se empeñaron en entrampar la elección. Nos compete a nosotros no votar por legisladores de esta calaña y sacarlos de una vez de la Asamblea. Lo podemos hacer gracias al sistema de votación abierta que es parte del legado de la anterior Sala de lo Constitucional.
Comunicador.
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