Aunque la Constitución exige que los candidatos a importantes cargos públicos tengan “moralidad e instrucción notorias”, en la realidad el término sale sobrando por la dificultad que supone medir objetivamente estas dos cualidades. O que las tengan los candidatos.
En el prólogo del libro de ciencia ficción o realismo mágico sobre el candidato de NI GANA, el Dr. Félix Ulloa afirma que aunque el personaje carece de estudios universitarios, “nunca sus empresas familiares tuvieron mejores balances financieros que durante el tiempo que él estuvo al frente de ellas”. ¿Será este genio el mismo que quebró dos alcaldías?
Realizó un magnífico negocio para comprar el Mercado Cuscatlán, aunque investigaciones de la CCR reflejan que no pidió un valúo al Ministerio de Hacienda, pues en el registro aparece valuado en poco más de $800,000 y terminaremos pagando $28 millones, en 25 años, además de estar hipotecado con el Banco G & T por $1 millón, más varias deudas de tasas por servicios municipales a la comuna, lo que no hizo constar en el documento legal.
Pero el candidato afirma que acudió “de buena fe” a la suscripción del contrato porque fue delegado por su Concejo, aunque no buscó la asesoría de la entonces síndica Xochilt Marchelli ni del gerente legal Conan Tonathiú Castro, esposo de su sucesora en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Alega que “no hay base legal para determinar un incumplimiento y que la deficiencia señalada debe ser superada porque hay ambigüedad en el procedimiento hecho por los auditores de la CCR”. Todos tienen la culpa, menos él.
Firmó un contrato por $91 millones con una empresa con socios de Guatemala, creada cinco meses antes de publicarse las bases de licitación, para la construcción de tres mercados. En la plaza Hula Hula, en el predio de la ex-Biblioteca, propiedad del Mined, y en el área verde de la Comunidad Nueva Esperanza en la colonia Escalón, que aunque la alcaldía capitalina valúo en casi $2 millones, el edil entregó por $100,000. Como en toda operación poco transparente, la empresa chapina vendió sus acciones, y el alcalde entregó el inmueble en usufructo para 30 años a la nueva empresa de economía mixta que tendría una participación del 75 % y la alcaldía el 25 %.
Hay críticas a estos chanchullos y a su legalidad de reconocidos profesionales como el Dr. Fabio Castillo que afirma la nulidad del contrato porque solo tuvo ocho votos de los 14 concejales, y según la Ley de Mercados, necesitaba 10 votos. Él se abstuvo de votar. El Dr. Bertrand Galindo advierte que la firma de estos contratos sin la autorización del Concejo Municipal y por ser una concesión de bienes públicos, debió pasar por la Asamblea Legislativa. Y el exdiputado Jorge Villacorta, uno de los creadores de la LACAP considera que esta ley debió ser el pilar del proyecto de los mercados, cuyos contratos fueron firmados por el exalcalde amparándose en una ley de 1957.
¿Con tantos señalamientos e ilegalidades podrá el TSE mantener la inscripción de la candidatura de este personaje tan turbio, sin exigirle el finiquito, como lo manda la Constitución para quienes han manejados fondos públicos o tengan demandas pendientes? Su total y absoluta falta de moralidad e instrucción las puso en evidencia el triste papel que hizo en el conversatorio de la UCA. Con alguien con estas credenciales en la presidencia, Mauricio Funes sería un aprendiz de pícaro. Y como los salvadoreños merecemos algo mejor, debemos exigir a las autoridades cumplir con los mandatos constitucionales. Y al candidato una seria explicación.
Maestra