La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia es el tribunal de segunda instancia al que apelan los que han sido condenados por las cámaras por el delito de enriquecimiento ilícito o corrupción. Según el caso, la Sala o bien puede exonerarlos o ratificar la condena.
Un ejemplo de lo anterior es el expresidente Mauricio Funes, quien apeló ante la Sala de lo Civil la condena emitida por la Cámara Segunda de lo Civil del 28 de noviembre del año pasado, que lo sentenció a devolver al Estado $206,660.55, y condenó a su hijo Diego Funes Cañas a devolver $212,484.54.
La Sala de lo Civil es clave en el combate al enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios, tan es así que el fiscal general Douglas Meléndez pidió en Julio anterior a la Sala de lo Constitucional que anule el criterio establecido por la Sala de lo Civil con el que se liberó de responsabilidad por enriquecimiento ilícito al diputado del PCN Reynaldo López Cardoza y a su esposa, Alma Yaneth de López.
El legislador no pudo justificar el origen lícito de $1.5 millones, obtenidos entre 2009 y 2015, cuando fue diputado, pero la Sala de lo Civil resolvió que la demanda inicial con la que la Fiscalía judicializó el caso era improponible porque López Cardoza nunca tuvo una función pública que le permitiera apropiarse de dinero de las arcas del Estado.
Ante esto, el fiscal general solicitó a la Sala de lo Constitucional que anule ese criterio de la Sala de lo Civil para que no peligren los casos por enriquecimiento ilícito que están abiertos en distintas cámaras, entre estos el del ex fiscal general Luis Martínez, el expresidente de la república Elías Antonio Saca, el expresidente de la Corte Agustín García Calderón y el exdiputado Douglas Avilés.
De allí la importancia que reviste quiénes están al frente de la Sala de lo Civil, algo que han hecho notar organizaciones de la sociedad civil y diputados de ARENA, como Emilio Corea, de que los funcionarios que se nombren en dicha Sala, así como sus suplentes deben ser profesionales sin ningún compromiso partidario, de honradez notoria e idoneidad y cumplir con los mismos requisitos y exigencias que se les pide a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En el organigrama de la Corte Suprema se detalla que debe haber tres magistrados de la Sala de lo Civil, es decir, que el funcionario electo ayer para dicha Sala, Roberto Calderón, se sumará a dos que ya están en funciones: Ovidio Bonilla Flores y Óscar Alberto López Jerez.
Cabe recordar que Bonilla Flores es el abogado que fue elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia en 2012, pero su nombramiento fue invalidado por la anterior Sala de lo Constitucional, que le ordenó a la Asamblea repetir la elección.