La garantía de condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, en un país que se precie de democrático, pasa porque los funcionarios de un Estado brinden confianza en todos los niveles. Ese compromiso puede manifestarse en apoyo pleno al trabajo de los medios de comunicación, sin excepción alguna. Discursos, declaraciones, pronunciamientos, que deben ser acompañados por acciones concretas; aunque le desagrade la línea editorial.
Pero en la práctica, no es así. Hay discursos contra medios de comunicación, bloqueos, discriminaciones, estigmatización a medios, descalificaciones y demandas judiciales. No se cumple esta parte del componente de la prevención, porque tales manifestaciones incitan a la agresión, que fácilmente desborda en violencia.
En el informe del año 2017 sobre el país, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos estableció que “la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos. Si bien es cierto que la tensión entre la prensa y los gobiernos es un fenómeno normal que se deriva de la natural función de la prensa y que se produce en muchos Estados, también lo es que una aguda polarización cierra los espacios para debates sosegados y no ayuda ni a las autoridades ni a la prensa a cumplir mejor el papel que a cada uno corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta. En estos casos, es tarea del Estado, dadas sus responsabilidades nacionales e internacionales, contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras”.
En el pasado reciente, presidentes de la República han expresado abierto rechazo a medios de comunicación considerados incómodos; antes de correr por la presidencia, otros han hecho lo mismo. Y algún aspirante a ser el número dos de la residencia presidencial ha dicho que fue emboscado en una entrevista de televisión.
Hay otros elementos necesarios adicionales al discurso favorable a la prensa, como la seguridad de los periodistas; lo que implica hablar de políticas de prevención, esto es, un marco legal apropiado para proteger a las fuentes y la privacidad de los periodistas. Se trata de un mecanismo de urgencia disponible en todos los países, lo que lleva a pensar en la necesidad de globalizar tales medidas.
Las recientes elecciones en Brasil fueron marcadas por amenazas contra periodistas y medios de comunicación; lo que ocurrió también en la campaña proselitista en Colombia. Ecuador y Paraguay también figuran en la lista de periodistas bajo presiones. En México, Guatemala, Honduras y Nicaragua ejercer el periodismo es una misión peligrosa. En el mundo hay más de 800 crímenes de periodistas cometidos en la última década en la impunidad; un sello que marca la dura realidad, de que se puede repetir.
No existe en el país la virulencia contra periodistas como ocurre en otros, pero no hay que esperar a que suceda. En septiembre de 2017, la respuesta gubernamental ante amenazas reales contra periodistas de medios digitales fue “hay que tocar madera”. No es una base firme y responsable para un asunto que tiene que ver con un trabajo que es un servicio considerado especial a la sociedad y a la democracia, que es desempeñado en condiciones de alta vulnerabilidad.
Periodista