PUESIESQUE… estamos en un evento académico sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me preguntan cómo resumiría dicho proceso y los más de 100 días del país en estado de sitio… y a la mente solo viene utilizar, con un pequeño ajuste, una antigua reunión de relatos breves de Borges: Historia legislativa de la infamia.
En efecto, este inacabado proceso de elección de magistrados es un surtido muestrario de omisiones, acciones, conductas y gestos frontalmente contrarios a las virtudes cívicas y políticas: hemos visto y escuchado, de políticos y diputados, promesas incumplidas (“elegiremos en tiempo”, nos decían); puestas en escena para engañar (solo así pueden calificarse las entrevistas públicas que hizo una subcomisión legislativa, pues aquéllas no han servido para nada); evidentes embustes (cuando nos dicen los diputados que el proceso ha sido transparente porque las reuniones de la comisión política han sido públicas); groseras mentiras (“todos los candidatos a magistrados son igualmente capaces e idóneos” se atreven a decir, sin pena y sin sonrojarse, algunos diputados); ofensivos cinismos (como negarse a superar un veto presidencial porque no existe Sala de lo Constitucional); despropósitos inauditos (como excluir a candidatos que son muy preparados académicamente porque muestran independencia); dilapidación de recursos públicos (solo para eso han provocado las reuniones para intercambiar listas de candidatos); y hasta chismes para victimizarse (“¡uy!… pobrecito diputado que soy yo… bufetes de abogados me están presionando para elegir a los mejores y más idóneos candidatos”).
Podría seguir reseñando ese barroco procedimiento que desde hace casi 200 días está llevando a cabo la Asamblea Legislativa, pero es evidente que todo ha sido una estrategia diseñada y ejecutada para agotar a los ciudadanos, para que nos aburramos del tema y dejemos de insistir y reclamar que los diputados elijan, con urgencia, a magistrados probos, idóneos e independientes.
Lamentablemente, la XII legislatura (2018-2021) de la incipiente e inmadura democracia salvadoreña perdió la oportunidad histórica de abandonar las condenables prácticas legislativa del pasado, podía intentar acercarse al siglo XXI, contaba con todo a favor para ponerse del lado correcto de la historia, ya que contaba con el apoyo de la sociedad civil, de la academia, de la coyuntura política, pero esta legislatura prefirió seguir en la prehistoria del parlamentarismo: es realmente estremecedor como algunos políticos tienen la infausta experiencia de tirar por la borda toda su credibilidad ¡en apenas 3 meses!… de récord mundial semejante agotamiento de un capital político.
Y es que, cuando el país tiene más de 100 días en estado de sitio, prácticamente cualquier elección de magistrados o, incluso de otros funcionarios que haga la actual legislatura, tendrá ya —inevitablemente— el lastre de entenderse como resultado de negociaciones oscuras, intercambio de favores y reparto de cuotas. Por eso, ahora la Asamblea Legislativa es el lugar “donde asustan”.
Ahora ya sabemos por qué el proceso de elección de magistrados NOSEACABUCHE.
P.D.: Por cierto, señor diputado (sí, ya todos saben a quién me estoy dirigiendo): los abogados trabajamos en bufetes, no en “bufé”, ni tampoco en “bufet” (esta palabra ni siquiera existe). Mmm… pensándolo bien… que el diputado líder de un partido político (“máximo líder” le dicen algunos de sus acólitos) no conozca la diferencia entre “bufete” y “buffet” quizá sea parte de los problemas: no distinguir entre la oficina donde solicitar consejo jurídico y el aparador donde pedir arroz con frijoles, puede ser causa de graves confusiones y llevarnos al punto muerto (¡ah!… sigo con la época) en el proceso de elección de magistrados.
Abogado constitucionalista