A estas alturas, contamos más de 100 días sin que la Asamblea Legislativa cumpla su deber constitucional de elegir a los cinco magistrados vacantes de la Corte Suprema de Justicia, cuatro de ellos para la Sala de lo Constitucional, y así como se muestra el panorama, poco hace suponer con objetividad que estemos cerca de contar con el tribunal constitucional. El tiempo ha pasado y parece que muchos sí se han resignado a esperar, cansados —como advirtió el diputado Gallegos que quedarían— como cuando no es posible remar contra corriente, pues su fuerza es tan grande que lo que queda es ser ineludiblemente arrastrado por sus aguas turbulentas.
Así parece que están muchas organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, en una actitud más pasiva que al inicio, solo expectante, conforme han transcurrido las semanas. Y es que no deja de ser cierto que la percepción general es que no hay poder legal ni humano que mueva a los diputados de sus posiciones al respecto. Unos, que claramente han bloqueado la elección al insistir en ciertos nombres, una candidata sobre todo, evidentemente inaceptable, y los otros, haciendo una aparente resistencia con diferentes propuestas.
La salvedad de estos otros, el bloque de los que “resisten” es que a pesar que al igual que los demás diputados, estos no hicieron su trabajo previo y a tiempo para evaluar correctamente a los candidatos, pero al menos ya avanzado el entrampamiento, decidieron postular en su lista a aquellos abogados que en distintas evaluaciones de organizaciones civiles y del diputado no partidario, habían resultado mejor evaluados. Es decir, tuvieron que recurrir más por conveniencia política que por convencimiento propio a secundar las evaluaciones ajenas, porque ellos mismos no hicieron la propia, y si la hicieron no la conocimos públicamente, que para efectos prácticos es lo mismo.
La desidia, conformidad, conveniencia, o cuando menos, falta de urgencia con la cual los diputados en general, y sobre todo los de la comisión política, están abordando este apremiante asunto de interés nacional, hace ratos que dejó de ser un simple incumplimiento de su obligación constitucional de elegir magistrados a la Sala de lo Constitucional —sin sanción alguna por ello— y ha pasado a convertirse en una alteración o subversión del orden constitucional, ante lo cual, con la magnitud de lo que ello significa, debiera ser expresada por parte de la ciudadanía, una reacción más firme y contundente, pero no la hay. Solo estamos viendo una agria y resignada espera.
No vamos a negar que la realidad política se impone, y que por mucho que la Constitución de la República consagre al pueblo como el único y verdadero soberano, detentador del poder público, al final son los políticos quienes deciden como mejor les conviene, conforme a intereses políticos o personales, de espaldas a los intereses de la población. Por ello les tiene sin cuidado que derechos fundamentales como la vida, salud, libertad, la seguridad y la propiedad, entre otros, no tengan tutela en la Sala de lo Constitucional, pues mantienen desintegrado al tribunal competente para su defensa.
En una democracia inacabada como la nuestra, persiste la cultura del “Señor” y “los súbditos”, la cultura del “no me den, pónganme donde hay”; y es ahí donde logran anidar y reproducirse individuos como la mayoría de diputados, políticos y funcionarios que nos gobiernan, oportunistas, ignorantes, mentirosos y corruptos. Es así como se han burlado de nosotros, viviendo holgadamente y volviéndose ricos a costa de los pobres y de los impuestos que pagan empresarios, profesionales, trabajadores y consumidores. Es así como, a lo largo de los años, han hecho de El Salvador no un país pobre, sino un país empobrecido. Es así como en la realidad, aquí “son los pájaros los que le tiran a las escopetas”.
No es súbdito sino quien se deja pisotear. Por ello aunque sean como gotas en el mar, debemos insistir a los diputados con más fuerza, que elijan ya a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se acerca la elección del Fiscal General, y de nuevo, la misma con toda seguridad se va a retrasar. No quieren justicia para el pueblo, quieren un combo que a ellos les convenga, que se amolde a sus propios intereses de poder; por eso en un artículo anterior escribí que estamos ante una debacle constitucional, ante la cual es urgente preguntarnos: ¿Y entonces, quién podrá defendernos?
Abogado y notario