En estos meses en que nos ofrecerán de todo, los candidatos y sus partidos deberían tener mucho cuidado en las ofertas que harán. Si alguno de ellos llegara a ofrecer eliminar la burocracia estatal, me gustaría que le creciera inmediata y mágicamente la nariz como a aquel famoso muñequito de madera que cobró vida para hacer realidad el deseo de Geppetto, su creador. Pocas cosas tienen tan mala prensa como la burocracia. El inolvidable Quino, exquisito crítico del status quo, hizo que su universal Mafalda nombrara así a la tortuguita que tuvo por mascota. Y con ello dio en el clavo: el problema es cuando, por tontas consideraciones, se detienen y ralentizan los necesarios trámites.
Dos grandes injusticias se comenten contra la burocracia: asociarla solo con el gobierno —el sector público— y tacharla de mala. ¡Errores crasos ambos! Burocracia tienen todos los estados, por cierto, pero también —y en algunos casos hasta más tortuosa— los organismos internacionales, las ONG, las grandes corporaciones transnacionales, la grande, mediana, pequeña y microempresa. La burocracia existe en restaurantes, en casinos, en almacenes por departamentos, en escuelas y universidades, en la FIFA, la NBA, la UEFA y la FESFUT. Se me ocurre que hasta las organizaciones de pillos y pícaros la deben tener. La burocracia, en el sentido de “procedimientos y normas que establece una organización para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios” no es mala, sino necesaria. Si los procedimientos incluyen pasos y documentos innecesarios, eso es lo que hay que eliminar, pero no la burocracia.
Este mes tuve que revalidar los documentos de identidad, de circulación del vehículo y hasta el pasaporte. El trámite me tomó menos de 45 minutos en cada una de esas oficinas. (Saludos a la enojada señorita de la caja de una de ésas a quien logré hacer reír unos minutos). Recordé lo difícil que era conseguir documentación en “los tiempos de conciliación”. ¿Recuerdan ustedes las caóticas aglomeraciones —ni siquiera colas— que se formaban en aquel edificio allá por la Escuela Nacional de Ciegos donde funcionó por un tiempo la expedición de licencias? ¿y la tortura que era tener que ira las alcaldías por una Cédula de Identidad Personal? ¿o las horas enteras que había que gastar para poder obtener el pasaporte en Migración? Hay cosas que han cambiado para mejor, sin duda. Reconocerlo nos hará bien para la identidad nacional. ¿Pueden perfeccionarse?, seguramente que sí, pero ¿qué no es perfectible? Gusto de reconocer aquellos aspectos que sugieren que los salvadoreños sí somos capaces de hacernos más ordenados y respetuosos de la ley.
Tampoco olvido el recorrido hecho para mejorar el pago puntual del impuesto a la renta. “Pague a tiempo. Este año no habrá prórroga” fue el primer slogan. Ha de haberle costado sangre al entonces ministro de Hacienda conseguir que no la hubiera. El slogan del año siguiente solo dijo: “Recuerde que el año pasado no hubo prórroga”. Y la gente aprendió (aprendimos, amigo, que “gente somos todos”). Yo lo usaba como ejemplo en la universidad cuando explicaba la aplicación de las leyes del Conductismo. Y añadía: “si el Ministerio de Hacienda ofreciera descuentos del impuesto para aquellos que paguen con anticipación, se evitarían aglomeraciones”. Pura Psicología Aplicada.
Necesitamos mejorar y ordenarnos, creernos que obedecer las normas nos ayudará a progresar. La responsabilidad en esto es individual e indelegable. Cada quien debe convencerse que su observancia cabal al reglamento de tránsito, por ejemplo, hará más fluido el tráfico para todos. Y que, si lo viola, tendrá que pagar, individualmente, la multa correspondiente que ninguna instancia gubernamental le podría perdonar. (Véalo como la ayuda que se le da a quien le cuesta entender).
Parece que es el único camino que va quedando para hacer que los diputados a la Asamblea Legislativa cumplan los plazos que les imponen las leyes. Tendrá que hallarse el mecanismo que les obligue a pagar, de su propio dinero, una multa por cada día de los que se atrasen en cumplir. No se me antoja muy difícil el trámite burocrático: el pagador solo tendría que calcular cuánto gana cada diputado por día y multiplicarlo por el número de días que se hayan atrasado; la cantidad resultante, descontarla del pago de salario. Si se les descontaran a todos (y todas, ¡cómo que no!) los ciento cinco, diez, veinte días que se hayan demorado en elegir magistrados para la Sala de lo Constitucional o Fiscal para la Fiscalía General, se afanarían en salir del entrampamiento. Tarea para abogados y administradores públicos: los pobres miembros de la AL necesitan esa ayuda con urgencia.
Sicólogo