El caso “Corruptela”, recientemente judicializado por la Fiscalía General de la República, agrega una pieza adicional al rompecabezas armado por las acusaciones contra corruptos, presentadas por los fiscales en los tribunales. Poco a poco nos han descrito cómo funciona la corrupción en El Salvador. Según el caso, las redes de corrupción enquistadas en el Estado operan a través de un complejo entramado de relaciones interdependientes entre funcionarios, políticos, personas particulares y estructuras criminales.
He visto cómo las revelaciones de la investigación fiscal ha llenado de rabia a la ciudadanía. Es importante recordar que Luis Martínez, principal acusado en el caso, ganó popularidad durante su paso por el cargo de Fiscal General por despotricar públicamente contra la negociación entre el Gobierno Central y la estructura de mando de las pandillas. Hablar con aparente agresividad en contra del hampa y los funcionarios complacientes, rápidamente le ganó adeptos. La gente, cansada de vivir bajo el yugo de la criminalidad y ante el abandono del aparato de seguridad, fijó sus esperanzas en Martínez. Ahora todas esas personas se sienten estafadas y molestas. Resultó que quien pensaron que era la única voz decente y razonable entre las autoridades, era el más sinvergüenza. El que amenazaba a los delincuentes resultó ser amigazo y hasta empleado de ellos.
Aunque es alarmante la facilidad y descaro con que, según lo ha revelado el caso “Corruptela”, los funcionarios mienten a la ciudadanía, lo más preocupante es que la Fiscalía se convirtió en el nodo central de las redes de corrupción en el país. La institución pública que tiene el monopolio de la investigación y persecución del delito, encargada de velar por los intereses de la sociedad y el Estado, se convirtió en el punto de convergencia de los personajes más oscuros de El Salvador. El panorama que pinta el caso es especialmente relevante ahora que aún está pendiente la elección de magistrados de la Corte Suprema y se acerca la del fiscal general.
Tanto los magistrados salientes como Douglas Meléndez, actual Fiscal General, hicieron posible los recientes reveses a las redes de corrupción. El caso “Corruptela” ha espantado el avispero en que se escondían los corruptos, sus conexiones y operadores. Ninguno quiere que se elijan funcionarios que no puedan controlar. Sin embargo, también quieren ganar las próximas elecciones.
Esto es una ventaja. El que coincidan los intereses por ganar las elecciones y por seleccionar al fiscal y magistrados que sean “amigos”, abre una ventana de oportunidad para poder cerrarle la puerta a la corrupción, haciendo que los intereses de los salvadoreños se antepongan a los partidarios.
No hay nada más espantoso para los políticos, justo antes de una elección, que percibir que no cuentan con el apoyo electoral para ganar. A veces esto los empuja hacer hasta lo inimaginable, que en esta coyuntura podría ser elegir a los mejores candidatos para magistrado y fiscal general. Una condición indispensable para que esto suceda, sin embargo, es que la ciudadanía castigue visible y drásticamente a los candidatos que no luchen por porque se escoja a personas que garanticen que los casos en contra de las redes de corrupción continúen saliendo. Esta no es una invitación usar esto para atacar a los candidatos que no nos caen en bien, sino para hacer un lado nuestras preferencias políticas y boicotear los eventos de campaña de los candidatos que apoyamos hasta que su discurso sea en favor de los casos en contra de la corrupción y presionen a que sus partidos elijan a personas que garanticen la continuidad de la lucha contra corrupción.
Ningún partido o candidato vale el sacrificio del bienestar de los salvadoreños. No debemos de desperdiciar esta ventana de oportunidad para juntos le cerrarle la puerta a la corrupción.
Criminólogo
@_carlos_ponce