“El atraso en las elecciones de segundo grado parece haberse convertido en la norma”, lamenta la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades). En una reciente posición institucional sobre el tema, el tanque de pensamiento analiza el comportamiento de este tipo de nombramientos y destaca lo complicado que ha sido encontrar consensos en la Asamblea Legislativa.
Esta dificultad de lograr acuerdos sobre los mejores perfiles ha trastornado el objetivo de las elecciones de segundo grado, pues “en lugar de enfocarse en los méritos de los candidatos, han sido intercambios de listas propuestas por uno u otro partido político”.
100 días sin Sala de lo Constitucional y de forma paralela ante el vacío en 3 meses van 6 vetos presidenciales x inconstitucionalidad, y en 4 años solo hubo 3. Acá la gráfica de Fusades que muestra lo anterior. pic.twitter.com/NQpLsiUdVI
— Javier Castro D (@jcastrodl) October 24, 2018
Por otro lado, los diputados no solo llevan un retraso de más de tres meses, sino que no han establecido una tabla de evaluación para sistematizar el resultado de sus deliberaciones en Comisión Política.
Asimismo, Fusades señala que los diputados han perdido tiempo realizando foros cuando ya existe jurisprudencia al respecto que sienta clara la misión del Legislativo en este tipo de nombramientos: elegir en tiempo y por mérito, además de llevar a cabo un proceso transparente y fácil de acceder al público.
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Para evitar agravar esta situación, y en vista de que se avecina la elección de Fiscal General de la República, el tanque de pensamiento urge a los diputados a nombrar magistrados lo más pronto posible, “pero con base en una evaluación objetiva de los méritos de los candidatos”. Además, exige no usar los nombramientos como “carta de negociación política”. Finalmente, llama a aprobar reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para dejar firmes las mejoras a estos procesos de elección.
Coincidencia de otras organizaciones de sociedad civil
Esta posición institucional de Fusades coincide con la postura de más de una decena de organizaciones que esta semana presentaron a la Asamblea Legislativa un pliego de peticiones a incluir en el proceso de elección a Fiscal General. Estas son: exigir planes de trabajo, que la Asamblea publique un cronograma del proceso y sus objetivos, abrir un periodo para recibir comentarios y documentos de los ciudadanos sobre los candidatos a Fiscal y realizar entrevistas públicas.
Esta propuesta ha sido encabezada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Una de sus investigadoras senior, la abogada Úrsula Indacochea, lamenta que “claramente no se ha pensado en un sistema que genere incentivos a los diputados para salir de la inercia. El argumento de la tutela de los derechos humanos no parece afectarlos, pese a ser lo más importante para los ciudadanos”.