Una decena de organizaciones de la sociedad civil presentó a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa cuatro propuestas para mejorar el proceso de elección del Fiscal General de la República, que debe realizarse antes del 6 de enero de 2019.
Estas organizaciones, que incluyen a CEMUJER, Fespad, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), entre otras, piden a los diputados un reglamento claro que establezca un cronograma y parámetros de calificación a postulantes; que estos exijan un plan de trabajo a cada candidato a fiscal; que se establezca un periodo para que la ciudadanía pueda opinar o presentar documentación sobre cada aspirante; y que las entrevistas que los diputados sostengan con los candidatos sean públicas y con participación de la sociedad civil.
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De acuerdo a Ima Guirola, directora ejecutiva de Cemujer, estas propuestas buscan garantizar que el proceso de elección de fiscal general cumpla los parámetros constitucionales de independencia, moralidad e instrucción notoria. Asimismo, afirma que están planteando estos parámetros, que ya deberían tomarse en cuenta, pues los diputados han sentado un precedente de incumplimiento de la Constitución con la no elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las organizaciones firmantes afirman que va orientada a cumplir parámetros establecidos en la Constitución, y estándares internacionales de publicidad y transparencia en el nombramiento del funcionario a cargo de iniciar la acción penal.
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“De acuerdo con los estándares internacionales sobre independencia judicial, los procedimientos para seleccionar a las altas autoridades de los sistemas de justicia deben ser transparentes y estar abiertos al escrutinio público”, reza la propuesta presentada al Legislativo.
Entre esos criterios internacionales, se encuentra el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este año urgió a Honduras a “garantizar los estándares de independencia e imparcialidad en la selección de Fiscal General de la República”.
Cuatro parámetros
La solicitud de la sociedad civil contempla cuatro solicitudes concretas a los diputados de la Comisión Política, encargada de filtrar a los abogados postulados al cargo de fiscal general. La primera es que la Comisión Política transparente el procedimiento que empleará para nombrar a este funcionario. Esto incluye un perfil claro del fiscal, con base en lo que exige la ley; un cronograma detallado de las etapas del proceso; y una tabla que describa los puntajes con los que se calificará a los aspirantes al cargo.
La segunda solicitud es que cada postulante presente un plan de trabajo para evaluar su idoneidad y su “postura respecto del funcionamiento de la institución”. El tercer punto es abrir un periodo de recepción de información relevante que la ciudadanía pueda tener de cada uno de los candidatos, y el último es sostener las entrevistas de forma pública y donde la sociedad civil pueda participar. De no adoptar estos parámetros, afirma Guirola, “esta elección pierde la legitimidad de ser un proceso democrático y transparente, y pierde la República”.
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A juicio de Úrsula Indacochea, investigadora senior de la DPLF, “estas cuatro áreas, no son las únicas en las que podrían introducirse mejoras. Sin embargo, con ellas puede aumentar significativamente las posibilidades de que la elección se realice con base en mérito y las capacidades” y su incorporación al proceso de elección es urgente, pues “la elección del fiscal es un asunto de alto interés público”.
De no aprobarse, advierte Indacochea, el país pierde muchísimo, pues “el Fiscal General es un funcionario clave para combatir la impunidad. Que una sociedad mantenga impunes los delitos que se cometen tiene un costo social y un costo económico. Y es un costo transversal, que si bien es soportado mayoritariamente por los sectores más vulnerables (los que tienen menos acceso a la justicia), también el sector empresarial ve afectados sus intereses”. Por tanto, agrega, “hay demasiado en juego cuando se elige un mal Fiscal General”.
Las organizaciones firmantes también criticaron la no elección de magistrados de la CSJ. Guirola lamenta que parece que el atraso se debe a una búsqueda de cuotas e Indacochea lamenta que la posible vulneración a los derechos humanos al no tener magistrados “parece no afectar a los diputados”.