El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), capítulo El Salvador, expresó por medio de un comunicado su preocupación por que el anteproyecto de Ley de espectáculos públicos, presentado el pasado 1 de octubre por el FMLN, puede violar “los derechos de libertad de expresión e información”.
Según los diputados Damián Alegría y Nidia Díaz, y el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, esta ley busca regular los contenidos de radio, televisión, teatro y hasta medios digitales y su alcance podría extenderse incluso a la información presentada en noticiero.
Al respecto, el IIDC, que agrupa a constitucionalistas de Latinoamérica y España, advirtió que esta iniciativa atenta contra el régimen constitucional. Esto, debido a que el anteproyecto de ley contempla criterios de censura previa a contenidos. Por ejemplo, el artículo 48, literal C establece que los representantes de las radios deberán solicitar al Consejo Consultivo Interinstitucional de Espectáculos Públicos “autorización de cada uno de los programas que serán transmitidos por los medios radiofónicos”.
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Esta disposición viola el artículo 6 de la Constitución que expresa que el derecho de libertad de expresión “no estará sujeto a previo examen, censura ni caución”.
Además, el IIDC añade que en la jurisprudencia constitucional prohíbe al Estado “restringir el derecho a la libertad de expresión e información por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o la restricción de los instrumentos usados en la difusión, o cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de las ideas o información”.
El Instituto advierte que la ley está redactada con conceptos abiertos que pueden prestarse a discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicar esta ley.
Estas preocupaciones se suman a las de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), de diferentes partidos de oposición, el mismo candidato presidencial del FMLN y diversos sectores de la sociedad civil que han repudiado este anteproyecto de ley por considerar que abre la puerta a la censura y el control de contenidos.