Grupo Egmont suspendió a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de dicha entidad luego de que no se superara el veto del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, a las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía a la UIF.
El ministerio público informó en conferencia de prensa las repercusiones financieras que puede traer dicha sanción, que entró en vigencia desde el pasado 24 de septiembre y fue notificada a la FGR el 12 de octubre.
Grupo Egmont resolvió hacer pública la sanción impuesta y además envió informe al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), abriéndose de esta forma la posibilidad de ser incluidos en el listado de países de alto riesgo para cometer el delito de lavado de dinero, expresó la Fiscalía en una conferencia de prensa.
Según informó la Fiscalía, El Salvador tiene hasta julio de 2019 para solventar la situación, y dotar de autonomía técnica y operativa a la UIF, para no ser suspendido definitivamente del grupo anticorrupción.
La semana pasada se conoció que la negativa de Sánchez Cerén de avalar el decreto que le da más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía le costó a El Salvador ser suspendido de un organismo internacional clave en el combate del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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“Debería ser desde el Ejecutivo que debería liderarse la prevención del lavado de dinero y Activos en el país”, establece la resolución del Grupo Egmont”. Aunque reconocen los esfuerzos de la Fiscalía para evitar la sanción, aseguran que la opinión de la Presidencia fue determinante para tomar la decisión.
“Nos están cortando alas para investigar casos importantes”, lamentó la Fiscalía
De hecho, una de las consecuencias es que la Fiscalía no podrá pedir información financiera a 159 países del mundo.
Jorge Cortez, jefe de la UIF de la Fiscalía, dijo que esta sanción afectará las investigaciones de casos de lavado de dinero y anticorrupción que llevan a cabo. Añadió que se había pedido información financiera y patrimonial sobre 30 personas que son investigadas por casos de corrupción y 34 solicitudes para sociedades mercantiles.