El partido oficial y sus dirigentes tienen un gran peso dentro del aparato de seguridad. Esto no es un secreto. El tema ha sido discutido de forma explícita en esta y otras columnas de opinión que analizan la seguridad pública y la criminalidad en el país. También ha sido un tópico recurrente en programas de entrevistas. Muchos tenemos años de estar denunciando, por ejemplo, la nociva influencia partidaria sobre la Policía Nacional Civil y cómo esto ha llevado a monumentales desaciertos tanto en el campo estratégico como en el operativo. No obstante, a pesar de que hemos hablado de este tema, aún cuesta dimensionar la magnitud de las ambiciones políticas que mueven a los más poderosos dirigentes partidarios y la maldad con la que actúan al ordenar la ejecución de acciones concretas para la consecución de sus oscuros objetivos e intereses. Resulta difícil imaginarse los límites que la red de fieles peones que sirven al partido desde las instituciones públicas en las que han sido ubicados, están dispuestos a cruzar.
El control institucional logrado gracias a la infiltración de esta red de personas facilita que acciones motivadas por la influencia partidaria se escondan y, en consecuencia, sean poco visibles. El ciudadano promedio, aunque sabe que el aparato de seguridad está al servicio del oficialismo, no conoce con certeza qué tanto están dispuestos a arriesgar los integrantes de la red de burócratas fieles al partido. La semana recién pasada, sin embargo, la Fiscalía General de la República reveló información que permite calibrar nuestras expectativas y tener una mejor idea de cuáles son los límites que la red está dispuesta cruzar.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo a los medios de comunicación hace unos días que la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si la Policía intencionalmente envió información incompleta para solicitar a INTERPOL la generación de una notificación internacional para detención de Mauricio Funes, su pareja e hijos, por su presunta participación en delitos de corrupción. INTERPOL, según trascendió, denegó la solicitud hecha por la Policía salvadoreña bajo el argumento de que el caso era político. Meléndez asegura que la respuesta de INTERPOL se basó en un panorama parcial del caso, ya que la solicitud remitida por la Policía contenía información incompleta. Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde hace un buen tiempo por recomendación del partido oficial.
La Fiscalía, además, reveló que han iniciado otra investigación por la destrucción de documentos oficiales y pruebas relacionadas al caso de Mauricio Funes. Según explicó Meléndez, gracias a una denuncia ciudadana lograron dar con una cantidad significativa de pruebas parcialmente destruidas en el interior de un terreno asociado con la Policía y con el caso Funes.
Estos dos señalamientos son graves. Indicarían, de ser sustentados a través de las indagaciones, que la red de peones del oficialismo habría manipulado procesos de investigación para favorecer al partido en el gobierno. Esto es un delito muy serio. Este tipo de instrumentalización del aparato de seguridad sería un claro indicador de que los salvadoreños no vivimos en Estado de Derecho y que un grupo selecto de personas cercanas al poder político están sobre la ley.
Los casos planteados por la Fiscalía subrayan la importancia de la organización y presión ciudadana. Debemos de apoyar a los funcionarios que luchan por la institucionalidad y castigar a los que están al servicio de los intereses partidarios. Esto es especialmente relevante en la coyuntura actual. Ahora que los candidatos presidenciales están en campaña. Necesitamos cuestionar y exigir que demuestren su compromiso por tener funcionarios probos, capaces, íntegros y profesionales y que den muestras inequívocas de la veracidad de sus planteamientos en relación al combate de la corrupción.
Criminólogo
@_carlos_ponce