Antes de que la Asamblea apruebe con 56 votos el financiamiento extra que solicita el Ministerio de Hacienda de $1,407 millones, los diputados deben hacer eco de una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal que llevó el titular de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea dos semanas antes de presentar el presupuesto de 2019.
Se trata de una modificación a 11 artículos de la Ley Fiscal que fue aprobada en 2016. La normativa es el compromiso que adquiría el gobierno de equilibrar las finanzas públicas para que la Asamblea le avalara emitir $550 millones en bonos, pero también, bajo la condición que su incumplimiento significaría que no habría autorización para más deuda soberana.
Sin embargo, a dos años de vigencia de la ley, el gobierno pide ampliar el plazo de tres a cinco años que se había estipulado en dicha normativa para reducir el déficit fiscal, cifrado en 2016 en el 3% y que se tome como base para esa ampliación 2017 y no 2016.
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El economista Rafael Lemus y asesor de ARENA, explica que si bien se dejó la puerta abierta a que se dieran adendas a la ley fiscal por la variación que se preveía en el PIB, lo que el gobierno está pidiendo es una “prórroga” para bajar el déficit fiscal, dando a entender que no ha logrado la meta.
“Ya cuando usted pide pasar de tres a cinco años implícitamente está diciendo que no se ha cumplido y no necesariamente depende del cambio del PIB”, argumentó.
La idea original de la ley fiscal era que en tres años el gobierno pudiera reducir el déficit fiscal cifrado en el 3% en 2016, es decir que en 2019 debía haber cumplido.
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Un informe de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), destaca que a un año de haberse aprobado la reforma previsional, el déficit en 2018 seguirá siendo del 3%.
Funde argumenta que 2017 cerró con un déficit del 2.5% del PIB, y luego de la reforma a las pensiones se esperaba que bajara al 2.2%, pero que en la “práctica el gasto está creciendo a una mayor tasa que los ingresos, lo que llevará a que el déficit de 2018 regrese al 3.0% del PIB”.