"El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”, reza el primer artículo de la Constitución.
No se trata de que el Estado sustituya a los ciudadanos en la búsqueda del bienestar y del propio desarrollo, sino de que haga realidad, de manera ineludible, el cumplimiento de esas tres condiciones que vale la pena volver a copiar: la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.
Debido a que la Asamblea Legislativa no ha elegido todavía los Magistrados que deben formar parte de la Sala de lo Constitucional, nuestro país se encuentra en una situación delicada: no tenemos seguridad jurídica, no hay quien vele efectivamente por nuestros derechos constitucionales. La institucionalidad está rota, y el Estado es una caricatura de sí mismo.
En estos días se ha hablado mucho de legitimidad y de seguridad jurídica, así como de institucionalidad, de separación de los Poderes y de constitucionalidad. Sin embargo, no he visto que se haya hablado del derecho que tenemos los ciudadanos de contar con esa seguridad jurídica que, como parte del bien común, el Estado debe garantizar.
Dicho de otro modo: no es solo que no se respete el Estado de Derecho, sino que se está vulnerando, a la vista de todos, el derecho que los ciudadanos tenemos de contar con un Estado. Además, no podemos recurrir a nadie porque se está violando un derecho constitucional, y no hay tribunal que pueda conocer.
Para que exista seguridad jurídica, es imprescindible que se cumplan ciertas condiciones: el respeto a la Constitución de la República, la existencia de una Sala con capacidad reconocida para juzgar acerca de la constitucionalidad de las leyes y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos; la independencia de los tres Poderes del Estado; la separación entre los deberes de los legisladores y sus intereses partidistas o personales; la representatividad real de los diputados con respecto a sus electores; etc. Circunstancias que, una por una, están siendo transgredidas o ignoradas.
No albergo muchas dudas con respecto a la responsabilidad de los legisladores y a los intereses que les mueven a no elegir a los Magistrados, aunque sí que me pregunto si esa pasividad o resistencia a elegir será por ignorancia o mala voluntad, aunque sea muy arriesgado incluir a todos en categorías fijas; y no sé qué es peor: si actuar en contra de la seguridad jurídica por falta de conocimiento, o tener toda la ciencia necesaria y saltarse los criterios anteponiendo los propios intereses (el bien particular, el del partido, o el de los patrocinadores) a los intereses de todos los ciudadanos (el bien común).
Hay legisladores en particular y partidos políticos en general (no hace falta copiar la lista, el lector sabe a quiénes me refiero) que parecen haber olvidado que sus acciones no son suyas nada más, sino que lo que hagan o dejen de hacer tiene serias consecuencias en la seguridad jurídica de todos nosotros, o para decirlo de manera impersonal, en la garantía del necesario bien común.
No elegir magistrados mina seriamente el Estado de Derecho y abre la puerta a la peor de las tiranías: la de la violencia ejercida desde quienes legislan, maniatando a quienes tienen no sólo la función, sino el deber, de encuadrar las leyes emitidas en el gran marco que da sentido al Estado de Derecho: la Constitución.
Cuanto más tiempo pasa sin que elijan magistrados, más me convenzo de que quienes no votan y eligen no es que les venga sobrando la Sala de lo Constitucional, sino la Constitución misma: esa que les legitima a ellos mismos como legisladores y que juraron, al tomar posesión de su cargo.
Ingeniero
@carlosmayorare