En 2011 Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón (España), inauguró el aeropuerto. Dijo: “Ha llegado la hora de Castellón. El día en que dejamos de ser la provincia en todo el Mediterráneo que no disponía de infraestructura aeroportuaria. El día en que inauguramos la mayor infraestructura civil jamás construida en nuestra comarca”. La multitud aplaudió.
“Las personas pasan, las obras quedan. Los políticos pasamos, las obras quedan. Ha sido una lucha dura, pero consecuente con nuestra identidad”. Aplausos.
“¿Para qué un aeropuerto en Castellón? Para atraer a más de seis millones de pasajeros en sus primeros ocho años de vida”. La ovación creció.
La construcción del Aeropuerto de Castellón costó 150 millones de euros. El primer avión aterrizó cuatro años y medio después de su inauguración. Ya pasaron siete años y hasta agosto de este año apenas lleva 353,034 pasajeros. Muy lejos de los seis millones de pasajeros que auguraba el político para los primeros ocho.
Hoy el Aeropuerto de Castellón es símbolo del despilfarro del gasto público español. El señor Fabra, mientras tanto, pasa las noches en una prisión de Aranjuez.
Aquí la campaña electoral inició hace mucho. Ya comenzamos a escuchar algunas propuestas, y una que ha destacado es la construcción de un aeropuerto en el oriente del país.
En un spot muy atractivo nos dicen: “El tránsito aéreo desde o hacia El Salvador siempre ha pasado por un solo lugar. Esto tenía sentido hace cincuenta años, pero el crecimiento de la población, la necesaria descentralización y la apuesta por establecer polos de desarrollo hacen necesario construir un segundo aeropuerto internacional de primer nivel. Queremos aprovechar el oriente de nuestro país, por eso proponemos construirlo en La Unión y así conectar la zona oriental de nuestro país al mundo”.
Si escuchamos con atención, luego del seductor spot suena el eco de aquellas cautivadoras palabras que dijo el expresidente Antonio Saca en junio de 2006: “Día a con día vemos cómo se hace realidad el megaproyecto del Puerto de La Unión, obra que sin duda será la más moderna y eficiente de Centroamérica”.
Hoy, en 2018, con sus impuestos usted continúa pagando la deuda por US$132 millones que el señor Saca asumió para construir esa inútil plancha de cemento. Eso sin contar lo que usted paga para continuar dándole mantenimiento a las “más moderna y eficiente obra de Centroamérica”. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2019 se asignan US$15 millones más para “mejoramiento de las instalaciones en el Puerto de La Unión”.
En esta campaña vendrán muchas promesas. Tengamos cuidado. Algunas nos parecerán atractivas, pero tome en cuenta que no es el candidato, sino usted quien las pagará. Además, recuerde que muchas veces tales megaobras funcionan como un útil vehículo para la corrupción.
En un reciente informe del BID titulado “Mejor gasto para mejores vidas”, respecto a la inversión pública se dice: “Pocas actividades públicas ofrecen mayor tentación o más oportunidades para la corrupción”. Y luego se agrega: “A pesar de que es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, se estima que entre un 10 % y un 30 % de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción”.
Cuando escuchemos las propuestas de campaña recordemos que el Fondo Monetario Internacional nos ubica entre los ocho países del mundo que más desvíos ilegales fondos públicos realizan. Por eso en los próximos meses modulemos la pasión electoral, y mantengamos un calmo escepticismo ante las promesas faraónicas que nos continuarán haciendo.
Abogado @dolmedosanchez