“Este tipo de leyes, como la recientemente propuesta por el Gobierno, constituyen literalmente una censura”, advierte el abogado y exministro de Seguridad y Justicia Francisco Bertrand Galindo.
A su juicio, el anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos presentado el lunes por el ministro de Gobernación y dos diputados del FMLN supone a un retroceso en el que el gobierno tenía la potestad de aprobar o no la difusión de ciertos contenidos. “Esto equivale a regresar a una época que ya habíamos superado, donde había efectivamente censura previa”, lamenta.
Según Bertrand, esto supone un riesgo a la vida democrática del país, pues limita libertades fundamentales como la de expresión. Si esto se traslada a vigilar el contenido de noticieros, opina, el país estaría presenciando características propias de regímenes autoritarios que solo permiten la difusión de noticias que benefician a quienes gobiernan. “Pueden empezar diciendo que se están publicando demasiadas noticias e imágenes sobre muertos y robos, pero nada quita que usando esa misma ley se empiece a restringir la publicación de otro tipo de contenidos”, agrega.
El jurista aclara que en este momento existen normativas para clasificar contenidos y orientar a la población sobre la conveniencia de consumirlos o no. Sin embargo, la decisión final recae en la familia, explica, y añade que es muy diferente cuando esta potestad se entrega al
Estado, el cual puede tener diversos incentivos para bloquear contenidos y no siempre actúa en concordancia a los valores que dice estar defendiendo.
Ley riñe con la Constitución
Según el exministro de Seguridad, esta ley riñe con la Constitución y tratados en materia de libertad de expresión, pues contempla censura previa. En efecto, la ley máxima de El Salvador establece en su artículo 6 que “el ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución”.
Esta disposición es violentada por el anteproyecto del Gobierno cuando manda, por ejemplo, a que un programa radial solicite autorización previa a su transmisión (artículo 48, literal C). Bertrand recuerda que la Constitución ya establece sanciones a quien rompa la ley con lo que publique, pero este proyecto establece límites a priori, lo cual supone un golpe a la libertad.