El jefe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Pineda, confirmó que el número de funcionarios y exfuncionarios investigados por esta instancia ha aumentado a 29, por casos sumados en diciembre pasado.
Estas investigaciones se realizan al tener indicios de enriquecimiento ilícito, generalmente reflejados en incrementos injustificados de bienes o cuentas bancarias en quienes ocupan o han ocupado una función pública.
A raíz de la medida cautelar que la Sala de lo Constitucional emitió al aceptar una demanda de inconstitucionalidad por la recientemente aprobada Ley de Probidad, los expedientes están siendo revisados a la luz de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, apuntó Pineda.
Sobre las auditorías a las declaraciones de los tres expresidentes (Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores) que la sección de Asesoría Legal y Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo, ALAC-FUNDE solicitaron y el Instituto de Acceso a la Información Público mandó entregar en octubre pasado, Pineda afirmó que estos expedientes serán vistos por la Corte Plena de la Corte Suprema antes de ser entregados.
A raíz de investigaciones de la sección de probidad, la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones penales y se han congelado cuentas del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, y del diputado del PCN Reynaldo López Cardona.