Falta de Sala Constitucional estanca demandas por salud, seguridad y trabajo

En el máximo tribunal constitucional se encuentran pendientes demandas por violación a derechos a los ciudadanos. Además, la Corte sigue sin resolver posibles casos de corrupción de exfuncionarios.

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Foto EDH/ Archivo

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28 September 2018

El atraso de la Asamblea Legislativa para elegir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ha estancado al menos 172 procesos de ciudadanos que reclaman protección constitucional a sus derechos a salud, seguridad, trabajo y libertad.

Han pasado 75 días sin que los diputados nombren a los magistrados que deben dar respuesta a pacientes con cáncer o enfermedades renales, empleadas domésticas, casos de abusos de cobros en materia de impuestos y falta de transparencia para elección de funcionarios, entre otros derechos de los ciudadanos.

La preocupación de los ciudadanos crece porque al retraso de la elección de magistrados se suma en noviembre próximo la convocatoria para la elección de Fiscal General. (Ver página 4).

Fuentes judiciales explicaron que 39 demandas de inconstitucionalidad quedaron archivadas antes del 15 de julio, cuando los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González dejaron sus cargos después de nueve años de servicio. En la Sala solo quedó el presidente Armando Pineda Navas.

Los informantes agregaron que también hay 66 habeas corpus (para determinar si son legales igual número de capturas), 67 demandas de amparo y en las últimas semanas se han sumado nueve demandas más de inconstitucionalidad contra leyes y decretos.

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 El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, explicó a El Diario de Hoy “que los procesos de inconstitucionalidad paralizados se tratan de temas fundamentales para la vida del país y para los derechos de las personas, y es una irresponsabilidad de los diputados y de los dirigentes de los partidos políticos postergar indefinidamente la integración de la Sala, sin importarles que están pendientes de resolver muchas demandas ciudadanas sobre asuntos de interés nacional”.

Las fuentes judiciales explicaron que hay dos procesos de amparo que fueron sentenciados antes del 15 de julio en favor de las víctimas con enfermedades graves, pero las autoridades respectivas no quieren cumplir las sentencias por ahora y no existe nadie que obligue a su cumplimiento.

En uno de los casos, la Sala ordenó que se le diera tratamiento urgente a un paciente con cáncer, pero el Ministerio de Salud se ha negado a cumplir con lo ordenado, según las fuentes.

Otra demanda fue en favor de un paciente con insuficiencia renal. Los magistrados sentenciaron al Instituto del Seguro Social (ISSS) “que se le proporcionara el medicamento y tratamiento adecuado con carácter urgente”.

“El ISSS está comprometido, y se encuentra realizando de forma responsable, con una rigurosa evaluación de las condiciones individuales de cada paciente renal, para prescribir el medicamento más idóneo en cuanto a seguridad y efectividad, conforme a los resultados obtenidos del seguimiento y monitoreo de la terapia que se le aplica…”, reza parte del comunicado enviado por los responsables de comunicaciones hace unos días.

Por su parte, voceros del Ministerio de Salud dijeron que están revisando cada caso para darles el tratamiento que fue ordenado.

“Estos casos son un ejemplo de las graves consecuencias humanitarias que en materia de salud se están produciendo, por la irresponsabilidad de los diputados de no elegir en tiempo a los magistrados de la sala”, detalló el exmagistrado en aquel momento.

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 Meléndez sostuvo que también hay varios casos de amparo que quedaron pendientes de pronunciar sentencia para muchas familias víctimas de amenazas de las pandillas de abandonar sus hogares, cuyos casos tampoco se pueden resolver.

La falta de Tribunal Constitucional también afecta a los ciudadanos, ya que pueden ser víctimas de atropellos, capturas o sanciones arbitrarias o multas sin justificación. Los afectados no pueden plantear un habeas corpus ante una Sala inexistente.

Falta de Corte Plena también afecta la inconstitucionalidad del país

La omisión de la Asamblea Legislativa de nombrar magistrados de la Sala de lo Constitucional también afecta la institucionalidad al interior de la Corte Suprema de Justicia, ya que la mora judicial en la Sala aumentará significativamente.

Además, en la Corte se encuentran paralizados procesos como los casos de Probidad, donde se discute el presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios y políticos.

Varios casos son contra diputados que tienen poder de voto y funcionarios que se encuentran ejerciendo cargos públicos.