La Asamblea Legislativa aprobó ayer la colocación, en varios ministerios e instituciones públicas, de $22,822,950 millones provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), de los cuales $5 millones serán administrados por Casa Presidencial (Capres) para entregarlos al Instituto Nacional de la Juventud (Injuve).
Esto provocó un amplio debate entre las bancadas oficialista y de ARENA, pues estos señalaron que los fondos no van distribuidos de la mejor manera para el combate a la criminalidad, que es para lo que se destina dicho impuesto dirigido a las telecomunicaciones.
El proyecto señala que los $5 millones van dirigidos a un programa de empleo para 5,000 jóvenes por medio del Injuve, pero legisladores de ARENA señalaron que hay otras áreas que requieren más atención, entre ellas la Fiscalía General de la República, que solo recibió $1 millón y la Procuraduría General de la República, que obtuvo solo $150 mil.
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A juicio del subjefe de fracción de ARENA, Julio César Fabián, la distribución de los fondos que está haciendo el gobierno responde a una “maniobra política”.
“Jamás nos vamos a oponer al incremento que se le pueda dar a la Policía, lo que sí nosotros no podemos acompañar, y lo tengo que decir muy claro, es ese tipo de maniobra política que se hace con la distribución de estos fondos”, sostuvo.
En tanto, su compañero de bancada, el legislador Donato Vaquerano, agregó: “Estamos de acuerdo en que todas las instituciones que luchan contra la delincuencia deben ser apoyadas y en invertir en la prevención del delito, pero no estamos de acuerdo en como se ejecuta y sin ningún cambio significativo en la vida de los jóvenes”.
Por su parte, una de las directivas del FMLN, Yanci Urbina, defendió la distribución que de los fondos ha hecho el Gobierno, al aclarar que “existe un cuestionamiento permanente a la juventud”, por lo que “creemos en la prevención y debemos trabajar con los jóvenes para que no sean víctimas de situaciones que los vinculen a los caminos del mal”.
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En el proyecto aprobado se explica que con los recursos se posibilita financiar el pago de bono correspondiente al tercer trimestre de policías, soldados y agentes que contribuyen a tareas de seguridad.
De los fondos, $7 millones serán entregados a la Policía Nacional, Civil, $2.8 a Centros Penales y $68 mil a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), mientras que lo demás va repartido para Dirección de Víctimas y Testigos, Dirección de Migración y Extranjería y el Viceministerio de Planificación Social.