A Diego García Sayán no le es extraño El Salvador ni a los salvadoreños les es extraño Diego García Sayán. De nacionalidad peruana, fue uno de los más activos mediadores del proceso que llevó a la firma de los acuerdos de paz en 1992 y habla con conocimiento de causa cuando recuerda que la independencia del Poder Judicial fue una de las principales aspiraciones de esa lucha.
Pero ahora habla con la autoridad que le da ser el haber sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ser actualmente el Relator Especial sobre Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas y haber recibido las quejas y denuncias por el incumplimiento de los partidos políticos de nombrar a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus suplentes.
Con una simpleza sin precedentes, los diputados a la Asamblea Legislativa han dejado pasar más de dos meses sin cumplir con esa obligación que incluye el nombramiento de la Sala de lo Constitucional, lo cual significa que actualmente los salvadoreños no tienen quien garantice sus derechos fundamentales.
En entrevista con El Diario de Hoy, García Sayán hace un vehemente llamado a los diputados a elegir cuanto antes a los cuatro mejores candidatos para la Sala de lo Constitucional y a uno a la Sala de lo Civil.
P- Usted estuvo en El Salvador como representante de Naciones Unidas. ¿Cuáles eran los principales requerimientos para fortalecer el Estado de Derecho y la administración de justicia en El Salvador desde el tiempo de los Acuerdos de Paz?
Ahí había áreas institucionales que necesitaban sin duda un reforzamiento y se dieron algunos casos importantes. Creando una nueva Policía, creando la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también estableciendo principios muy claros sobre una sistema judicial independiente y exigente. Evidentemente el proceso de negociaciones y de paz jugó un papel positivo para estos pasos de fortalecimiento institucional.
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¿Qué más se debe hacer?
Como la experiencia de varios países y del nuestro, esta es una tarea constante que no se resuelve con dictar algunas normas y crear algunas instituciones, sino que es un proceso permanente de vigilancia democrática para que las derivaciones de instituciones que no funcionen bien o instituciones que empiezan a ser deformadas para tener más que independencia, control político por parte de algunos sectores. Eso requiere de una vigilancia permanente por parte de la comunidad jurídica, por parte de la comunidad en general.
P- Usted emitió hace poco un pronunciamiento por la dilatación del proceso de elección de los magistrados. ¿Podría resumirnos ese mensaje hacia la clase política salvadoreña, hacia el país en general?
Es una reflexión semejante con otra situaciones con otros países y que no significa una peculiaridad de un pronunciamiento solo para El Salvador, quiero dejar eso sentado como una cosa preliminar.
Pero indudablemente a partir de información que llegaba a la Relatoría fuimos tomando nota de que había dos problemas: uno, que era la dilatación del proceso de elección de los integrantes de la Sala de lo Constitucional, y en segundo lugar, ciertos problemas en el procedimiento que se estaba utilizando, que era uno más bien político y politizado, y no de buscar las personas más independientes y de calidad profesional.
El primero, de la demora de asignar a los integrantes de la Sala de lo Constitucional puede sonarle a un observador de afuera como un asunto secundario que haya una demora en designar unos jueces porque habrá otros jueces. Es lo que la gente puede pensar, pero lo relevante en este caso, lo que significa la demora, es no poder designar a cuatro de los cinco integrantes significa concretamente que la Sala de lo Constitucional no pueda funcionar, con lo cual la más alta instancia para garantizar la primacía y la vigencia de la Constitución es precisamente que esa Sala ya no pueda operar.
¿Qué implicaciones tiene esto?
Estamos hablando de algo en donde lo que está de por medio no solo son los derechos de unos u otros aspirantes para ocupar una posición en la Sala, sino los derechos de la sociedad salvadoreña en su conjunto a la que se le priva del derecho fundamental para el control y la vigencia de la Constitución, eso por un lado.
¿Qué dicen las denuncias?
Información de diversas fuentes de que el procedimiento de selección que avanza bastante lento en la Asamblea Legislativa está siendo un procedimiento marcado por la negociación, intercambios de decisiones políticas, de fuerzas que están presentes en la Asamblea Legislativa, mientras se esperaba que lo que hubiera fuera un proceso transparente de selección con participación de la sociedad, con visibilidad de quiénes eran las personas que se estaban presentando, una evaluación que también fuera conocida por la sociedad para que tuviera la certeza de que se estaba seleccionando a lo mejor y también que hubiera un tema hoy día muy importante en cualquier democracia contemporánea, es un enfoque de género, es un estímulo a la participación de candidatas mujeres y darles el espacio apropiado para que puedan realmente conseguir una designación como integrante de la Sala de lo Constitucional.
Entre los salvadoreños lo que más se reprueba es que los partidos quieren abiertamente tener sus representantes, sus agentes o sus peones, lo cual vulnera el principio de independencia que la misma Constitución garantiza.
Como Relator yo he recogido esa preocupación y la Relatoría no propone al mundo un modelo de cómo deben ser las designaciones. Hay países que han decidido que el poder político no debe participar en el proceso de selección, que eso debe ser encomendado a instancias mas bien técnicas, pero cualquiera que sea el camino es indispensable que haya transparencia, que haya un proceso de convocatoria amplio, que la gente pueda ver a través de entrevistas, poder observar a través de internet o de la televisión de manera que se tenga la certeza de varias cosas: primero, que son personas calificadas; segundo, que son personas que están ahí por sus calidades profesionales, y tercero, que es lo más importante, que la Sala de lo Constitucional es el gran tutor de la constitucionalidad en un país y requiere que sean personas comprometidas con la democracia por sus convicciones políticas, intelectuales y por su trayectoria personal. De manera que si eventualmente puedan tener una militancia política y la ley nacional no la prohíbe, en cualquier caso todas las otras condiciones tienen que ser reunidas.
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El espíritu de los Acuerdos de Paz era tener una justicia con plena independencia y evitar el cuotismo, que cada partido tuviera su cuota de magistrados. ¿Cómo vulnera ese espíritu de los Acuerdos de Paz lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa?
La independencia de los magistrados en todos los espacios es una cosa elemental porque es una garantía para la ciudadanía de que la decisión judicial va a ser únicamente con base en la ley y a la Constitución y no en función de una inclinación, una simpatía o hasta una presión política por parte de nadie.
Es una cosa fundamental porque en todas las sociedades hay tentaciones de grupos de personas que quieren manipular la justicia, quieren distorsionar y afectar esa independencia, pero en la medida en que facilitan las cosas con esas cuotas de partidos, las cosas evidentemente van por mal camino. Cuando se vacuna un proceso de selección diferente, objetivo, público y transparente se frenaban las tentaciones de control o de influencia política, es una de las graves afectaciones que puedan tener los derechos ciudadanos.
Fue esto lo que preveía el espíritu de los Acuerdos de Paz, ¿era esto lo que se buscaba?
En esa época buscaban una independencia efectiva, no se había entrado a esta discusión que a estas alturas se presenta por la evolución de las cosas, pero sí el principio general de asegurar que los magistrados en general y en particular las altas magistraturas fueran independientes del poder político. Eso es algo que es válido acá en El Salvador, en Filipinas, en Corea, en Perú, en todos lados.
Entonces, ¿lo que está pasando ahora no era lo que se buscaba en los Acuerdos de Paz y después de 12 años de guerra?
Así es. Yo creo que si bien el detalle de cómo debiera organizarse la justicia no es algo que fue el fondo central de los Acuerdos de Paz, evidentemente parte de las condiciones institucionales era construir una sociedad democrática y uno de los ingredientes absolutamente medulares es un sistema judicial independiente.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer los países amigos, los organismos internacionales para que esto ya tenga una solución jurídica, legítima y democrática?
El Relator de Naciones Unidas, en este caso mi persona, ha tenido que dar ese pronunciamiento público porque hemos recibido informaciones de fuentes muy diversas y con información muy sólida que llevan a dar este pronunciamiento. Yo quisiera esperar que estos comentarios que son muy constructivos, que no buscan criticar ni atacar a nadie ni a ninguna fuerza política puedan ser positivamente recogidos para el bienestar de las cosas, porque yo no quisiera que la comunidad internacional tuviera que darle una atención más particular aun país que merece vivir en paz y en democracia y no tener que estar dando explicaciones a la comunidad internacional.
Pero cuando un Estado violenta sus propios compromisos internacionales, uno de los compromisos internacionales de los Estados democráticos es garantizar la independencia de la judicatura, eso lo dicen los principios de la independencia judicial, adoptados desde la década de los 80, de los que ha sido parte El Salvador. Todos estos elementos no son majadería que se le están ocurriendo al Relator o alguien de las Naciones Unidas, sino que son obligaciones internacionales válidas en todos lados, de manera que todas son cosas de las cuales se tiene que rendir cuentas ante la comunidad internacional.
¿Qué llamado le haría usted a los políticos, a los diputados y a toda la gente que tiene que ver con este proceso?
Yo creo que las democracias en América Latina han avanzado. Ya no estamos al vaivén de golpes militares, pero hay otra amenaza que hoy día está viva en muchos países de la región, que es la desconfianza que la población empieza a tenerle a los sistemas democráticos cuando ellos empiezan a actuar de manera no transparente, cuando se ve cómo se montan temas judiciales en donde hay corrupción o en donde falta la independencia; de manera que por una vía diferente a los viejos golpes militares, con estos pasos que afectan el ejercicio democrático se está debilitando la democracia y en eso en un momento determinado puede afectar la imagen, la percepción de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de nombrar jueces, en este caso la Asamblea Legislativa, al final acaba contagiando a todo el sistema político y se genera todo un cuadro de inestabilidad, de desconfianza en el gobierno, en el Parlamento, en el sistema judicial.
Cuando la gente se da cuenta de los criterios que se están utilizando para nombrar funcionarios y escogerlos con criterios partidarios, eso afecta profundamente la confianza de la sociedad en las instituciones democráticas y con ello las pone en peligro. De manera que son principios generales que deben ser revisados para que dentro de lo que establece la Constitución de El Salvador se haga un proceso de selección que reúna condiciones que les dé tranquilidad y confianza a todos los sectores ciudadanos. Es la única forma en la que puede revertirse este problema que se está viendo y por supuesto hacerlo con la celeridad necesaria para que esa Sala Constitucional pueda estar operando cuanto antes.
¿No se vale que los partidos quieran tener representantes en la Corte Suprema de Justicia?
Esas son prácticas que lamentablemente existen en muchos países del mundo, pero prácticas frente a los cuales los estándares internacionales vigentes están batallando contra ellas y lo seguirán haciendo. Y cuando se dé la circunstancia de tratarlo públicamente a partir de quejas y reclamos de sectores ciudadanos como está ocurriendo en este caso en El Salvador, alguien como el Relator de Naciones Unidas y otras instancias harán notar su cuestionamiento y su llamamiento a que se opere de una manera diferente.
Llevamos más de dos meses sin que la Asamblea Legislativa cumpla ese mandato de elegir magistrados y aparte de eso, sin Sala de lo Constitucional.
Eso ocurre a veces pero cuando ya la dilación es muy vaga y no tiene explicación, eso es muy grave... En este caso a veces las instituciones, no me refiero solo a El Salvador, que tienen el proceso de selección a veces no ven más allá de sus narices y que cuando estas cosas ocurren, así por intereses partidarios, por intereses me atrevería a llamar mezquinos de agrupaciones políticas, la ciudadanía sí se percata de eso, aunque no pueda tener necesariamente conocimiento de los tecnicismos de cómo se debe nombrar a un magistrado y esa percepción ciudadana de desconfianza con las instituciones democráticas es un factor sumamente peligroso porque la democracia se basa en participación, se basa en confianza.
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¿Cuáles son las consecuencias?
Cuando estos cuoteos no solo debilitan la decisión, sino que hacen evidente que la independencia que es un valor fundamental para escoger a una persona que ocupa una posición tan alta en la judicatura, eso genera desconfianza en la ciudadanía y se le hace daño a la democracia. De manera que yo creo que aquí es un asunto que va más allá de un tema estrictamente judicial o de abogados, sino que concierne a toda la ciudadanía.