La semana pasada me referí a la iniciativa del gobierno respecto a que se le autoricen bonos por US$800 millones para pagar la deuda de Letes.
Pedía rechazarla por tres motivos: 1. Expresa una inconstitucionalidad, por lo que la Sala de lo Constitucional dijo sobre esa forma de pagar las Letes (inc. 1-2017); 2. Escapa de la recomendación del FMI de reducir la deuda púbica; y 3. Hacer que usted pague nuevamente la deuda de Letes (mediante más deuda, que son impuestos futuros), en lugar de que lo haga el Estado (reduciendo el gasto público) resulta cínico cuando se ha revelado lo fácil que es hacer de la partida presidencial de gastos reservados un epicentro de corrupción.
Lo que corresponde, decía, es pagar las Letes con los ingresos corrientes del Estado. De manera que sea el Estado (y no usted) quien se apriete el cinturón.
Pues próximamente cogerá fuerza otra iniciativa de endeudamiento: Autorizar bonos para pagar la deuda de largo plazo que vence en 2019 y en los cuatro años subsiguientes. El argumento: Hay que limpiar la mesa y darle sostenibilidad al próximo gobierno.
En 2019 deben pagarse Eurobonos por US$800 millones. Y es probable que también deba pagarse una redención voluntaria anticipada de US$286.46. En 2020, otro tanto, y así hasta el 2024. Pero enfoquémonos en el próximo año.
La Asamblea comenzará a discutir el presupuesto 2019. Ahí deberá incluir todos los gastos; entre ellos, el pago de los Eurobonos que vencen ese año, y la probable redención anticipada.
Hay tres caminos: 1. Que esas obligaciones se paguen íntegramente con más deuda; 2. Que se paguen totalmente con ingresos corrientes del Estado; y 3. Que se paguen parcialmente con deuda, y parcialmente con ingresos corrientes de Estado.
El principio constitucional de equilibrio presupuestario requiere justificar de dónde saldrán esos US$1,086.46 millones. Si se escoge el primer camino, junto con el presupuesto deberá autorizarse deuda equivalente al monto íntegro a pagar. Si se elige el segundo, el Estado deberá ajustar partidas presupuestarias de distintas instituciones para pagar totalmente esa deuda. Y con el tercer camino, parte se pagaría con deuda y parte con sacrificio del gasto público.
El camino que elijan los diputados determinará quién paga la cuenta. Si optan por emitir deuda, el mensaje es que usted siga pagando. Si eligen el ajuste, el Estado asumiría (finalmente) que ya le toca a él reducir el gasto para cumplir con sus obligaciones.
Sería lamentable que, nuevamente, se le imponga a usted toda la carga. El argumento de darle sostenibilidad a los políticos que nos gobiernen el próximo año hay que contrastarlo con el de que esos mismos señores están obligados a disciplinar las finanzas públicas. Limpiarles la mesa equivale a librarles de la presión para reducir el gasto. Con ello el próximo presidente podría continuar inyectando deuda, y eludiendo el ajuste al cinturón del Estado. Y, recordemos, las burbujas siempre estallan.
Con un cheque en blanco así solo nos quedará confiar en la bondad y disciplina del próximo presidente. Y ya no son tiempos para creer en héroes.
Diputados, es tiempo de ser solidarios con los ciudadanos. Siquiera parte del pago de la deuda que vence en 2019 debería asumirla el Estado ajustándose el cinturón, en lugar de imponerle a los ciudadanos toda la carga (nuevamente). Pero si el argumento solidario no cala, tal vez el pragmático sí: Diputados, con ese cheque en blanco regalarían su única moneda de negociación en caso que el próximo año terminen en la oposición.
Es necesario un golpe de timón. Pero, escuchando al coro, parece difícil que eso ocurra.
Abogado
@dolmedosanchez