El Salvador ya tiene su primer expresidente de la República condenado a cárcel por delitos de corrupción. Motivo de vergüenza nacional. El pasado miércoles, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Elías Antonio Saca y varios de sus colaboradores más cercanos a penas de prisión y a restituir cientos de millones al Estado salvadoreño. Es discutible si la pena es ejemplarizante o injusta, pues para unos es motivo de celebración, pero para otros estas personas merecían la hoguera. La condena fue calificada como histórica por el Fiscal General de la República, y no han faltado los reproches tanto a la pena como a la afirmación del funcionario.
Para un sector de la opinión pública es risible una condena a diez años de cárcel, cuando ésta tiene como base la confesión de desfalco de más de trescientos millones de dólares por el mismo expresidente. A un ciudadano común y corriente, en un proceso judicial con todas las de la ley, le habrían tocado entre veinte y treinta años de prisión. Pero tratemos de tomar las cosas en su justa medida. Sí, es una condena mínima en relación con el impacto que los actos de corrupción han tenido en la sociedad salvadoreña; pero no es poco, ni el equivalente a un viaje al Caribe. Más que por el número de años de prisión ordenados por el juez, la condena al expresidente Saca es histórica porque, esta vez, la impunidad en los delitos de cuello blanco no se salió con la suya.
El Salvador ha tenido una historia en la que el peso de la justicia le llega al más pobre. Hemos visto duras condenas a personas que se han robado gallinas para poder comer o muchos años de prisión a quien se robó un reloj de quince dólares. Pero pocas veces la justicia le había llegado a personas en posiciones de privilegio y menos a un expresidente de la República. Lo anterior no significa que hay que aplaudir el trabajo del sistema de justicia, pues falta muchísimo por hacer; pero resulta imposible negar que existe un avance.
Ahora corresponde a la Fiscalía General de la República demostrar que esta condena no fue un golpe de suerte. En primer lugar, las investigaciones y procesos judiciales deben seguir. La confesión del expresidente dejó sobre la mesa la posibilidad de investigar el cometimiento de otros delitos por parte de personas que no han sido procesadas. Esto debe hacerse. Por otro lado, la Fiscalía está en la obligación de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, recuperar el dinero robado y devolverlo al Estado para su inversión en la sociedad. El afectado directo por los delitos de corrupción siempre es el ciudadano que no obtuvo un servicio público de calidad por carencias económicas del gobierno.
Y para dejar a un lado especulaciones, la Fiscalía debe transparentar los motivos por los cuales negoció penas parciales con los condenados. Si se contaban con todos los elementos probatorios de los cuales se hacía alarde en cada conferencia de prensa, lo justo es que se revele a la población qué gana el Estado con bajarle una pena a alguien que se la merecía completa.
Así como una persona no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, tampoco las instituciones. La Fiscalía nunca va a quedar bien con todos y siempre le vamos a exigir más. Pero no podemos negar que la condena a un expresidente de la República por corrupción es un paso en la dirección correcta. Para cerrar uno de los tantos capítulos tenebrosos de nuestra historia, es necesario que se concluyan el resto de investigaciones y procesos judiciales en el caso “destape a la corrupción”, y que además se recupere el dinero robado.
Como sociedad debemos tener en cuenta que los cambios son procesos que llevan tiempo, no son eventos de un momento específico. Esta condena no va a limpiar el historial de corrupción, es solamente un paso en el combate de un delito enquistado en nuestra sociedad a distintos niveles. También hay que poner los ojos en el sistema de transparencia del país. Las personas que estuvieron al frente de instituciones como la Corte de Cuentas también deben responder por su pasividad u omisión de actuación durante la época de Saca. Las investigaciones y condenas deben continuar.
Abogada