Como es bien sabido, el impago parcial de unas deudas pequeñas hace un par de años tuvo efectos muy negativos. Nos llevó a una reducción de la calificación de nuestra deuda, que es un indicador de la confiabilidad que tiene el gobierno para pagarla. Una reducción lleva a que menos personas naturales y jurídicas estén dispuestas a financiar al país, y a que otros, que estaban dispuestos a comprarlos a una cierta tasa de interés, estén dispuestos a seguir haciéndolo pero a tasas de interés más altas. El pago de tasas más altas implica que, de los fondos con los que cuenta el Estado, las cantidades asignadas a otros gastos o inversiones tienen que ser menores. Es decir, tasas más altas significan menos escuelas construidas, o menos medicinas en los hospitales, o menos policías en las calles.
Así, además de afectar muy negativamente el prestigio del país, el impago nos ha llevado a tener que pagar más caro por el crédito al país. Esto debería haber quedado como una lección muy clara de que jamás debemos entrar en impago de una deuda, ni siquiera por unos minutos, si es que una lección era necesaria para una cosa tan evidente.
Se acerca la presentación del presupuesto para 2019. De acuerdo con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el gobierno tiene que incluir en él el pago de todos los gastos que ya se sepa que tienen que pagarse al momento de elaborar el presupuesto, lo cual incluye el pago de estos bonos en septiembre de 2019. Este pago es como mínimo de $800 millones pero hay otros $1,200 millones que los tenedores de estos bonos pueden también presentar al cobro si así lo desean. De esta forma, el gobierno tiene que estar listo para pagar $2,000 dentro de un año, y esto debe presupuestarse.
De acuerdo con la Constitución, todos los gastos incluidos en el presupuesto tienen que ir acompañados de la forma en la que serán pagados, que en este caso tiene que ser la emisión de otros bonos con vencimiento en el largo plazo por una cantidad equivalente. La emisión de estos bonos requiere la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.
Esta emisión es completamente distinta de las emisiones que el gobierno pueda querer realizar para pagar los otros gastos incluidos en el presupuesto, que pueden reducirse si se reducen los gastos que van a financiar. En este caso, el gasto que los nuevos bonos financiarían no se puede reducir ni eliminar, porque está determinado por el vencimiento de una deuda ya existente. Esta emisión también es diferente de las que pagan nuevos gastos en otra dimensión: estos bonos no aumentarán la deuda ya existente del país en forma neta, porque el aumento de deuda que ellos implican será compensado por la disminución de la deuda implícito en el pago de los bonos anteriores. Una tercera diferencia es que si no se aprueban se afectaría la situación del país como deudor de una manera muy negativa, causando costos en todas las dimensiones de la vida del país. Una cuarta diferencia es que el dinero conseguido por los futuros bonos tiene que estar disponible en un cierto día de acuerdo a obligaciones incurridas por el estado salvadoreño. El atraso en esta fecha es ya en sí un impago, aunque el pago se realice un día después. Dado que la emisión de bonos en los mercados internacionales requiere trabajos que tardan meses, es necesario que la aprobación deje un buen margen de tiempo para la emisión.
Por estas razones, la emisión de estos bonos con el destino exclusivo de pagar las deudas ya adquiridas debería ser considerada con criterios distintos a los de las demás deudas propuestas por el gobierno, y debería ser aprobada sin atrasos para que el dinero esté disponible en el momento en el que se necesite. Este es un tema de país, no uno de partidos políticos. Un atraso en este pago sería fatal no solo para el gobierno que esté en el poder sino también para el país entero.
Máster en Economía
Northwestern University.