El tercer intento de los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, por superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén al decreto que permitía darle autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía en cumplimiento de exigencias internacionales, para que el país no quede fuera del intercambio de información para investigar a criminales inmiscuidos en los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, fracasó ayer en el pleno.
Ni la visita del fiscal general, Douglas Meléndez, hace 15 días a la Asamblea, para convencerlos de la urgencia de cumplir convenios internacionales y armonizar estándares con el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y con los principios del Grupo EGMONT de las Unidades de Investigación Financiera, hizo retroceder al FMLN de su férrea defensa al veto presidencial.
Mientras que en la Comisión de Seguridad, el presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, del PCN, lamentó que, aunque invitó a los diputados de GANA, ninguno se hizo presente, ni los suplentes, para discutir y ver la posibilidad de lograr los 56 votos para superar el veto.
La Asamblea tiene de plazo hasta el 24 de septiembre para superar el veto, caso contrario, habría que deliberarse el asunto en la Sala de lo Constitucional, pero a falta de esa entidad, el decreto se quedaría tal cual lo vetó Sánchez Cerén, argumentando que es inconstitucional.
TE PUEDE INTERESAR: Reforma bancaria limitará control de lavado de dinero
Según el diputado del FMLN, Carlos Ruiz, la Constitución ya establece que la investigación de los delitos de lavado de dinero y peculado es una atribución propia del fiscal, de lo contrario, dijo que habría que modificar la Constitución.
“Uno revisa la Constitución y es un mandato específico para el señor fiscal general de la República, que debe conducir la investigación del delito y justamente si el lavado de dinero es un delito y si el peculado es un delito, entonces que él investigue”, afirmó Ruiz.
Rodrigo Ávila, de ARENA, lamentó los argumentos del FMLN, y recordó que el alegato es contradictorio, ya que el año pasado hubo una reforma propuesta por el mandatario en la cual se pretendía crear una Unidad de Investigación Financiera en la PNC, “creando una división que recibiera los reportes de las operaciones sospechosas de manera paralela a la Fiscalía, los alegatos de la Presidencia son contradictorios con esa reforma, la cual no tuvo eco, pero sí representaba el interés de la Presidencia”, soslayó Ávila.