PUESIESQUE… estoy en el tráfico vehicular, con la radio recorriendo estaciones y, de repente, escucho una voz femenina con acento barranquillero que canta: “No puedo pedir que el invierno perdone a un rosal/No puedo pedir a los olmos que entreguen peras/No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal”.
¡Guau!… ¿Musicalizaron las quejas ciudadanas por la no elección de magistrados por la Asamblea Legislativa?
En automático cambia la estación radial… inmediatamente toco el botón de retorno y una voz masculina de acento madrileño contesta: “Ay, amor, me duele tanto/Me duele tanto/Que no creas más en mis promesas”.
¡Guau!… ¿Musicalizaron a diputados que piden confianza y paciencia a los ciudadanos por no cumplir con su deber de elegir en tiempo a magistrados capaces, idóneos e independientes?
Semáforo en rojo… freno… sigo escuchando, pongo atención … ah, no… me equivoqué… la canción no va sobre el problema —¿drama, tragedia o comedia?— de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia… pero motivó reflexionar.
Y es que la no elección de magistrados —sobre todo, los de la Sala de lo Constitucional— nos demuestra, por un lado, la incapacidad de nuestra clase política (bueno, no generalicemos… ya sabemos qué diputados) de alcanzar acuerdos en temas trascendentales para el país; y, por otro lado, que ya es tiempo de plantearnos la necesidad de reformar radicalmente el diseño del Órgano Judicial y, sobre todo, el método de elección de —para ocupar la expresión internacionalmente generalizada— jueces de las altas cortes.
En efecto, en la última semana, en relación con el proceso de elección de magistrados, hemos conocido de dos hechos trascendentales: primero —¡lo que celebramos!— un partido político experimentó una especie de epifanía ciudadana y, después que había aceptado un evidente reparto de cuotas partidarias, ahora propone elegir como magistrados a los candidatos mejor evaluados; y, segundo, los partidos políticos que se oponen a la meritocracia (entendería que es una postura aceptada y apoyada por sus respectivos candidatos presidenciales y vicepresidenciales) quedaron en evidencia en televisión en vivo.
Así, asemeja que el reclamo ciudadano —y promesa eternamente incumplida— de dar vigencia a la meritocracia como forma de elección y designación de funcionarios públicos, principalmente aquellos con altas responsabilidades y con funciones de control del poder, va calando poco a poco, paso a paso.
Ahora bien, aunque es triste, parece que todavía hay líderes —políticos, gremiales, formadores de opinión, etc.— a los que no les gusta un modelo meritocrático de la organización social y estatal: por ejemplo, en el caso de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, algunos conciudadanos insisten en una falsedad, al asegurar que los treinta candidatos a magistrados llenan el perfil de juez de alta corte, que todos cumplen con las exigencias para ser magistrado, que da igual elegir a cualquiera de los treinta. Con todo respeto, ¡eso es mentira!
Y la incapacidad de la Asamblea Legislativa para designar en tiempo a magistrados capaces, idóneos e independientes nos demuestra que, después de 8 elecciones desde 1994, el modelo de organización de la Corte Suprema de Justicia y el método de elección de magistrados está agotado: con franqueza, el método solo sirvió mientras se aceptaba, sin cuestionamientos, el cuoteo entre partidos políticos. Por ello, aunque el proceso de elección de magistrados parece que es, por ratos, una tortura, los ciudadanos estamos obligados a continuar en la lucha para que se elijan a los mejores candidatos.
Todavía NOSEACABUCHE...
P.D.: no piensen que tengo una lista en Spotify con título “elección de magistrados”… es pura casualidad.
Abogado constitucionalista