Lo que está en juego en el país ahora es si vamos a tener o no una institucionalidad capaz de cerrar los espacios que tan evidentemente han estado abiertos para la corrupción al más alto nivel del gobierno. Sobre este tema necesitamos propuestas y acciones concretas de los hombres que quieren ser el próximo presidente de la República. Pero no solo propuestas, sino también compromisos confiables —y acciones, desde ya.
Nayib Bukele propone la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad a semejanza de la Cicig que Naciones Unidas instaló hace 10 años en Guatemala, y de la que el presidente Jimmy Morales quiere deshacerse antes de que lo enjuicien.
La Cicig ha sido exitosa, sin ella no hubieran renunciado y no estarían condenados por corrupción el ex presidente Otto Pérez y su vice. Pero ahora vemos que no es una figura sólida, porque su existencia depende de decisiones del presidente. Por esta razón, siempre he estado escéptico, cuando aquí la sociedad civil exigía una Cicies. Necesitamos apoyo, experticia y músculo internacional para enfrentar la corrupción sistémica, pero poco sirve una Comisión Internacional si no reparamos, de una vez por todas, las fallas institucionales que han permitido la inmunidad de los corruptos.
No hay que descartar la posibilidad de una Cicies, pero igual hay que considerar otras figuras para captar apoyo internacional. Pero sin un plan integral de fortalecer y dotar de independencia y capacidad de controlaría efectiva a la Fiscalía, la Corte de Cuentas, la Sección Probidad, ninguna forma de apoyo internacional será capaz de resolver nuestros problemas.
En estos precisos momentos estamos en medio de una batalla por no permitir un retroceso en el rol positivo que la Sala de lo Constitucional, la Sala Plena, y su Sección Probidad han tenido en la lucha contra la corrupción y para construir institucionalidad democrática y sólida. De esto se trata la gran tensión en la Asamblea sobre los magistrados a elegir. Y de esto se trata el bloqueo que GANA está encabezando (y el Frente está respaldando), con la finalidad de alterar la correlación de fuerzas en la Corte Plena y en la Sala. Del desenlace de esta lucha depende todo lo demás: el futuro de Probidad, de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía. Qué papel van a jugar estas instituciones en la lucha contra la impunidad y corrupción —un rol protagónico o uno obstaculizador-, depende de la futura Sala de lo Constitucional y de la correlación de fuerzas en la Corte Plena.
Por esto es poco creíble que un candidato anuncia que va a instalar una Cicig en el futuro, pero en el presente, en el momento crítico, no hace nada para asegurar que la lucha contra la corrupción no se estanque en la futura Corte Suprema.
Si los candidatos nos quieren convencer que desde la presidencia van a combatir la corrupción, tienen que intervenir ahora en esta decisión trascendental de la Asamblea, o sea de los partidos políticos. Bukele y Hugo Martínez no han querido (o podido) intervenir para que sus partido (GANA y FMLN) dejen de obstruir la elección de los magistrados. Carlos Calleja ha logrado que su partido ARENA, luego de muchas vacilaciones, haya tomado una posición consistente en contra la tentación de negociar cuotas y en pro de una elección basada en méritos e idoneidad. Sin embargo, aún no ha logrado construir posiciones y propuestas consensuadas entre los partidos de su coalición.
Ambos, Bukele y Calleja proponen la eliminación de la Partida Secreta. Pero hay diferencias: Solo Calleja y los partidos de su coalición convirtieron esta propuesta en iniciativas legislativas, dentro de un paquete de 5 reformas que permitirían cerrar el espacio a la corrupción desde el Ejecutivo. Y solo Calleja precisó y a la vez amplió la propuesta: Comprende todos los fondos que están a la disposición discrecional, sin rendición de cuentas, del presidente, de ministros y de otros funcionarios del Estado —y de las transferencias presupuestarias sin aprobación de la Asamblea que nutren a estos fondos. El paquete de medidas propuesto por Calleja cuenta con 49 votos en la Asamblea y puede ser aprobado sin demora, excepto la reforma constitucional que alarga el periodo de prescripción para delitos de corrupción de 10 a 20 años.
Pasar directamente de la propuesta a la iniciativa legislativa es un concepto novedoso para campañas presidenciales. Para una oposición que dispone de mayoría legislativa parece un paso lógico, porque de otra forma las propuestas son meras promesas y tienen poca credibilidad y consecuencia. Este paquete legislativo habría que completarlo con otras piezas: Una reforma de la Ley de la Corte de Cuentas, una nueva Ley de Probidad, y una reforma que asegure a la Fiscalía independencia verdadera, asignándole un porcentaje fijo del presupuesto de la nación. Una vez que todo esto sea diseñado y aprobado, habrá que analizar de qué forma organismos internacionales pueden fortalecer y complementar las instituciones salvadoreñas en su lucha contra corrupción e impunidad. Una forma a considerar sería una Cicies, otra sería una reingeniería de la Fiscalía General de la República, incluyendo comisiones mixtas con organismos internacionales.
Periodista