El Gobierno guatemalteco describió este jueves el “modus operandi” de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una red que califica de paralela y clandestina y que se ha constituido como una instancia supranacional a través de la que Naciones Unidas vulnera la soberanía.
“Es inaceptable y contrario a los propósitos de Naciones Unidas que pretendan constituirse en una instancia supranacional que dicte a los Gobiernos como ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados”, proclamó la canciller guatemalteca, Sandra Jovel.
La ministra de Relaciones Exteriores, que salió abucheada por los medios al abandonar la conferencia sin responder a todas las preguntas -al igual que el ministro de Interior y el Procurador General de la Nación- acusó a la ONU y a su secretario, António Guterres, de ignorar las quejas de Guatemala por el actuar de la Cicig y de su jefe, el abogado colombiano Iván Velásquez.
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Jovel señaló que la Comisión vulneró su acuerdo de creación y se convirtió en una “estructura paralela a imagen de los aparatos (clandestinos) que estaba destinada a combatir”.
Para afianzar esta acusación, de la que dijo han presentado pruebas a la ONU, Jovel expuso varios casos que no acabaron en sentencia condenatoria, un hecho que a su juicio sirve para ilustrar una “manipulación de la justicia” y una vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Por su parte, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, que tampoco aceptó preguntas de los medios de comunicación, negó que la decisión en contra de la Cicig sea por las investigaciones en contra de él y de familiares; es más, aseguró que no interferirá en las investigaciones en curso.
También rechazó que haya una ruptura del orden constitucional por estas determinaciones, que han levantado críticas fuera y dentro del país.
La canciller señaló que el jefe de la Cicig, que tiene prohibido entrar a Guatemala, se “extralimitó” en su mandato y se inmiscuyó en asuntos internos del país que no le competían, como llegar “al colmo” de influir en los diputados para aprobar enmiendas a la Constitución o a otras leyes ordinarias.
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En su opinión, también se hizo un “abuso en la mediatización de los casos”, un hecho que llegó a “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. “Ante todos estos excesos -de los que según la ministra entregaron pruebas a la ONU- se decidió no prolongar el mandato de la Comisión e impedir el ingreso del señor Velásquez...”, señaló.