Los empresas embargadas por procesos judiciales en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) pareciera que no han sufrido mayor cambio; sus actividades comerciales y productivas se desarrollan casi con normalidad, según lo han expresado empleados de esos negocios intervenidos y el subdirector de la institución, Carlos Muñoz.
Un equipo de El Diario de Hoy realizó un recorrido por algunos de los negocios bajo la administración del Conab y constató que su funcionamiento está dentro de los parámetros esperados.
Una de las empresas visitadas fue la del Grupo Gumarsal, ubicada en San Juan Opico, La Libertad, sobre el Km 30, carretera a Santa Ana.
Después de diez años de operación del Grupo Gumarsal que aglutina a una docena de empresas diferentes, la Fiscalía General de la República inició el proceso de extinción de dominio en abril de 2017.
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La intervención de los bienes fue por sospechas que su propietario, Wilfredo Guerra, los adquirió con fondos del narcotráfico y evasión fiscal, según procesos judiciales entablados en su contra. Guerra es hijo del exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y ambos son prófugos.
A más de un año de que el Conab tomó su administración, el grupo empresarial no ha interrumpido su actividad productiva y comercial a nivel nacional y centroamericano; hay estabilidad laboral, los más de mil puestos trabajo se mantienen y unos 300 temporales también.
El grupo Gumarsal se dedica a la producción e importación de granos básicos: maíz blanco, maíz amarillo, arroz, trigo, entre otros, desde Estados Unidos. Las harinas es una de sus líneas de producción con la que se disputa buena porción del mercado nacional y regional.
Otro de los negocios administrados por el Conab es, Hotesa, de José Adán Salazar (a) Chepe Diablo, que tiene siete hoteles y seis gasolineras en el Occidente del país; negocios que están en operación en su totalidad y con el personal que había, tras el proceso judicial, las autoridades lograron evitar despidos. Salazar es procesado por lavado de dinero, por $215 millones.
En el inicio de la intervención (abril de 2017), proveedores y bancos cerraron sus relaciones con los representantes del Gumarsal tras el temor y la incertidumbre que generó la intervención.
Una de las experiencias que el Conab no olvida fue cuando un barco de bandera estadounidense, cargado de materia prima valorada en más de 30 millones de dólares para Gumarsal y que estaba anclado en Acajutla, Sonsonate, tuvo que vender la mercadería a la competencia, porque su cliente estaba detenido, con eso el grupo se desabasteció y perdió el trato especial de esta compañía estadounidense: 90 días de crédito, afirmó el subdirector del Conab, Carlos Muñoz.
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A este revés se sumaron, el de los bancos que cerraron las cuentas a nombre de Gumarsal por la desconfianza que creó el embargo de los bienes, pero conforme el Conab con el apoyo de la Fiscalía General de la República y la embajada de Estados Unidos asumió el control, los bancos y los proveedores comenzaron a devolverle su confianza y a descartar la incertidumbre, por lo que gradualmente fueron reanudando sus relaciones comerciales hasta este día que todo marcha ya sobre ruedas, afirmó Muñoz.
Gumarsal estabilizó sus finanzas y ahora opera con normalidad, solo esperando los resultados del proceso judicial por extinción de dominio que tramita la Fiscalía.
Lo mismo sucede con los siete hoteles, que funcionan con normalidad en cuanto a la oferta de sus servicios, cobertura de sus gastos e ingresos.
“Todos los cheques de Gumarsal que se pagan a proveedores, empleados y otros son extendidos en el Conab y sometidos a las auditorías internas y externas”, detalló Muñoz.
Un motel abandonado
No es la misma situación en otros bienes, como en el caso del auto motel Los Tres Ases, localizado en el kilómetro 68 la carretera de Sonsonate a Acajutla, que está en total abandono y sin ninguna seguridad; adyacente a esa estructura hay 12 lotes más que son del mismo propietario -según la Fiscalía- de un sujeto vinculado a la pandilla MS-13.
En el sector de Los Tres Ases, hay varios negocios similares y según los vecinos, en días especiales, feriados y fines de semana, pasan abarrotados de clientes. Algunos residentes dijeron que hay épocas vacacionales en que esos negocios no dan abasto a la demanda y deben rechazar clientes.
Cuando el auto motel fue intervenido, el Fiscal General; Douglas Meléndez, recomendó que por su infraestructura se adecuaba para el funcionamiento de una delegación policial o casa de seguridad para la habitación de testigos protegidos o víctimas de los éxodo de familias por amenazas de pandilleros.
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El subdirector del Conab, Carlos Muñoz, afirmó que a diferencia de otros bienes productivos, ese negocio ha paralizado su operación o su uso porque el Consejo aún no ha tomado una decisión.
Se interrumpió su original actividad por problemas de seguridad, ya que el inmueble, al ser de pandillas, podría representar riesgos.
En el caso del auto motel Las Cabañitas, carretera Troncal del Norte en Ciudad Delgado, está en poder de una institución que por seguridad pidieron no identificarla. De ahí que el Consejo valora los diferentes usos que la Fiscalía ha sugerido.
El Consejo Nacional de Administración de Bienes está integrado por representantes de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, ministerio de la Defensa, Fiscalía General y la Procuraduría General de la República quienes semanalmente se reúnen para tomar decisiones en cuanto al uso de bienes decomisados al crimen organizado.