La nueva medida que tomará el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra los opositores es pedir a Costa Rica la lista de nicaragüenses que han huido hacia el país vecino a causa de la crisis local y han pedido asilo, bajo el argumento de reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar.
“Les vamos a pedir el listado oficial (de emigrantes nicaragüenses), para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos, los demás pueden regresar sin temor”, dijo Ortega, en un acto público, ante miles de seguidores y trabajadores del Estado.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su país desde abril pasado, sobre todo hacia Costa Rica, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega.
El Gobierno costarricense, que ha informado de al menos 23,000 nicaragüenses que han hecho solicitudes de asilo en su país, aseguró ayer que no entregará a Nicaragua ninguna lista de personas solicitantes de refugio porque ello atentaría contra el derecho internacional y los derechos humanos de esta población.
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“Costa Rica no brinda esa información a ningún país. Liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional sobre derechos humanos y refugiados”, declaró a los periodistas la vicecanciller Lorena Aguilar.
Y agregó: “Hay que pensar en que las personas que piden refugio vienen porque están huyendo, tienen temor por su vida, por su familia. Costa Rica lo que está haciendo es abrazando los principios internacionales y haciendo lo que es correcto”.
Además, la funcionaria aseveró que “los refugiados merecen la protección de su información sensible sean del país que sean”.
Ortega, quien es señalado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de la crisis, dijo que los emigrantes nicaragüenses “que se sienten libres de pecado, nadie los va a detener”.
En un informe emitido este miércoles, la Acnudh responsabilizó al Gobierno de Nicaragua de producir una “criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno”.
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También lo señaló de “uso desproporcionado de la fuerzas por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales”, o bien “desapariciones forzadas”, así como “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado”.
El Gobierno rechazó estos y otros señalamientos, e insistió en que el informe de la Acnudh es “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares en el que reportó 322 muertos, apoyó la denuncia de la Acnudh, que reporta 300 víctimas mortales producto de la represión.