La Procuraduría General de la República (PGR) le asignó al expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y a nueve imputados más un abogado público para su defensa. Luego de que el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador los declarara “reos ausentes”.
La Procuraduría asignó a la abogada Marisol Olivares, para la defensa técnica de Funes y sus familiares; el juez del caso Sidney Blanco fue quien pidió a la PGR un defensor para el exmandatario debido a que no presentó abogado particular para su defensa.
La abogada también representará a Hugo Alfredo Barrientos, exviceministro de Obras Públicas y expresidente de CEPA; Nelson Antonio García Cerón, exasesor de Vanda Pignato; Diego Roberto Funes Cañas, hijo de Mauricio Funes y Regina Cañas; Carlos Mauricio Funes, hijo mayor del expresidente; Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, actual compañera de vida del expresidente; Juan Carlos Guzmán Berdugo, suegro de Funes; Elvy Marina Paz, excompañera de vida de Funes; Cristina Pignato, hermana de Vanda Pignato; Ada Luz Siguenza, su actual suegra, y Tiago Noguera, hermano de Vanda Pignato. Los imputados son acusados de los delitos de lavado de dinero, encubrimiento y peculado.
El Ministerio Público sostiene que Funes habría desfalcado 351 millones de dólares de la cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia; de estos, diez millones fueron usados en viajes y gastos en lujosas tiendas.
Pese a que Funes sigue prófugo. Algunos de los imputados como José Miguel Menéndez (Mecafé), Rigoberto Panameño, José Alfredo Rodríguez y Miguel García guardan prisión en algunos centros penales, como Mariona; Ana Elizabeth Cotto está en cárcel de mujeres. Mientras que, el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro se encuentra en un centro hospitalario bajo custodia policial.
Defensor rechaza a Sidney Blanco como juez
El abogado Oscar Genovéz, quien defiende a Rigoberto Panameño y a José Armando Escobar, ha solicitado al juzgado una recusación en contra del juez Sidney Blanco, para que sea retirado del proceso judicial denominado Saqueo Público. El defensor considera que la intervención de Blanco “pone en duda su imparcialidad frente a los imputados”. La resolución será emitida por la Cámara Segunda de lo Penal; en caso de que Blanco sea separado del proceso, el caso podría pasar al Juzgado Sexto de Instrucción a cargo del juez Roberto Arévalo.
Genovéz afirma que, si el juez Blanco fue magistrado de la Sala de lo Constitucional, tuvo conocimiento del caso por enriquecimiento ilícito en Corte Plena, por lo tanto no puede llevar este proceso.