El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 iba hace algunos años en taxi al aeropuerto con el tiempo justo, arriesgándose a perder su avión. Le pidió al conductor que le permitiera manejar; lo hizo y llegó al destino diez minutos antes. La policía inició una investigación para determinar si había cometido una infracción, y es curioso lo que contestó el taxista al ser entrevistado: la manera de conducir de Schumacher fue increíble, no sabía que su vehículo podía hacer todas esas cosas.
A propósito de esa noticia, comentamos con algunos amigos que en la estructura del Estado salvadoreño tenemos varias instituciones, creadas en diversos momentos de nuestra historia, con fines específicos, todos ellos importantes para la democracia, el Estado de Derecho o la vigencia de los derechos fundamentales; instituciones que, si fueran efectivas, facilitarían adoptar y ejecutar decisiones capaces de resolver problemas concretos de la población, combatir la corrupción o garantizar la mínima seguridad pública que los individuos necesitamos.
Ellas están dotadas de leyes que, aunque imperfectas y siempre mejorables, ya establecen suficientes competencias para que sus titulares alcances los fines que se buscaron al crearlas, además de procedimientos para tomar decisiones y hacerlas cumplir; y aunque no siempre disponen de un presupuesto adecuado, en ocasiones han demostrado que pueden producir resultados satisfactorios.
¿Cómo sería nuestro país si la Corte Suprema de Justicia y las Salas en ella, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas de la República, el Instituto de Acceso a la Información y el Tribunal de Ética Gubernamental funcionaran plenamente dentro de sus competencias y cumplieran coordinadamente sus fines? Seguramente no tendríamos los escandalosos casos de gran corrupción que ahora vamos conociendo, cometidos en gobiernos de todos los colores partidarios, ni la impunidad que todavía padecemos desde que concluyó el conflicto armado. No sabemos todavía la velocidad a la que pueden correr todos estos vehículos.
Sin embargo, uno puede imaginarlo a partir de ciertas constataciones. Por mencionar tres ejemplos, en El Salvador está vigente una Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data de 1959, y una Ley de Procedimientos Constitucionales que viene de 1960. En aplicación de tal normativa, el país ha visto en los últimos años que la Corte Suprema de Justicia, institución encargada de aplicar la primera y la Sala de lo Constitucional, quien actúa con base en la segunda, acudieron a técnicas de integración del ordenamiento y a criterios de interpretación evolutiva o progresiva para producir resultados que marcaron una diferencia respecto de años anteriores, con una normativa de hace casi seis décadas.
De igual manera, la Fiscalía General de la República ha procesado y ejercido la acción de extinción de dominio respecto de uno de los últimos Presidentes de la República, y la penal respecto de otros dos, así como del último titular de la misma Fiscalía; todo ello sin que haya tenido siempre la colaboración requerida ni dispuesto de un presupuesto adecuado.
¿La deficiente institucionalidad, por tanto, es solo un problema de reformas legales y presupuesto, o es de titulares? Es válido conjeturar que, más bien los problemas históricos de funcionamiento dependen de si se elige o no a personas idóneas para ejercer los cargos, conscientes de su responsabilidad, con la capacidad, visión de país y voluntad de hacer que las instituciones a ellos encomendadas cumplan su cometido.
Hay una clara diferencia entre instituciones a cargo de titulares expertos y éticos, que pueden lograr que las instituciones den todo de sí, o a cargo de titulares que, sin méritos, conocimiento ni trayectoria, son colocados en sus cargos nada más como cómplices de la corrupción y los abusos de poder de otros.
Exmagistrado de la
Sala de lo Constitucional.