El expresidente Antonio Saca confesó, ante un tribunal de sentencia, que cometió los delitos de peculado y lavado de dinero. De los impuestos que usted pagó en el quinquenio 2004-2009 una parte se destinó para satisfacer las necesidades y caprichos personales del señor Saca y de sus allegados. Todos contribuimos a esa red solidaria.
El señor Saca se pasó su gobierno llorando la falta de dinero para poder cumplir con las obras sociales. De esos lamentos surgió una reforma fiscal y la “medida creativa” del Fideicomiso de Obligaciones Provisionales. No había dinero, nos decían para justificar esas iniciativas que aún continúan impactándonos.
El señor Saca nos explicó qué tan fácil resulta vaciar la partida de gastos reservados. La Corte de Cuentas no la controla, y la Asamblea Legislativa, a pesar de ello, continúa nutriéndola con mucho dinero.
Las cosas no cambiaron mucho luego de 2009. Ahora la Fiscalía General de la República también investiga al expresidente Funes Cartagena, pues también le atribuye vaciar la partida de gastos reservados. Y hoy, en la presidencia del señor Sánchez Cerén, esa arca continúa abierta.
Según el Informe de Gastos Reservados de la Presidencia de la República (https://www.transparencia.gob.sv/institutions/capres/documents/157306/download), el presidente Salvador Sánchez Cerén ha tenido a su disposición los siguientes montos: en 2014, US$42.92 millones; en 2015, US$52.5 millones; en 2016, US$33 millones; en 2017, US$31.53 millones; y hasta junio de 2018, US$15 millones.
Visto lo visto, es injustificable que el presidente tenga una partida de gastos reservados; y menos aún con más US$2 millones mensuales. La excusa del Organismo de Inteligencia del Estado, y el cacareado argumento de que hay que tener margen de maniobra para la gobernabilidad y para cumplir con los proyectos sociales ya perdieron toda validez.
Año con año el Estado le quita a su familia parte del dinero que a usted le cuesta ganar y se lo da al presidente para que él lo administre como le dé la gana. Lo único que le queda a usted es confiar en que esa persona —a quien usted no conoce— se porte bien cuando nadie le ve.
Mientras exista una partida presidencial de gastos reservados, la legitimidad de los impuestos se deteriora más y más. Con ese agujero negro todavía ahí, es cinismo puro invocar la construcción de hospitales, escuelas y obras sociales para pedir más impuestos, bonos y préstamos.
El señor Saca nos explicó qué tan fácil es robar desde el sillón presidencial. Pues ahora hay cuatro personas que aspiran a sentarse en él.
A muchos les bastará un “se ve buena gente” para confiarle a un desconocido que administre millones de dólares sin control alguno. Pero para quienes no creen en héroes ni santos, será necesario que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia les digan: 1. Si mantendrán la partida presidencial de gastos reservados; 2. Si es así, a cuánto ascenderá; y 3. Qué mecanismos de control ofrecen para que les auditemos.
Para saber si las respuestas a esas preguntas no se tratan de palabras vacías, sería preciso que los partidos de esos candidatos respalden sus palabras con acciones. La próxima aprobación del presupuesto 2019 es la única oportunidad que tienen los candidatos y sus partidos para demostrar con hechos qué pretenden hacer con ese epicentro de corrupción. ¿La eliminarán de una vez? ¿Si escogen por dejarla, la visibilizarán y reducirán su monto? ¿Crearán algún mecanismo de control efectivo?
Con lo que hagan al votar el presupuesto 2019 verificaremos si nos ofrecen cambio o continuar con el legado de sus predecesores.
Abogado
@dolmedosanchez