La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió ayer al presidente Daniel Ortega a retomar el camino del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis, que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.
“La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados”, indicó ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.
El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
La Alianza Cívica, que aglutina a empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige “se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar” el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el país.
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También que libere a todos los prisioneros políticos y brinde información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.
Asimismo, cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
Otra de las exigencias de esa coalición opositora es que el Gobierno “proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas”, explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.
Además, anunciaron que realizan gestiones para lograr la libertad de unos 135 “reos políticos” del régimen de Ortega ante la OEA, la ONU y Estados democráticos.
La crisis en Nicaragua, que comenzó en abril, ha dejado más de 400 desaparecidos, así como una cifra entre 317 y 448 muertos, según organismos humanitarios, aunque el Gobierno solo reconoce 197 víctimas.