Daniel Ortega continúa haciendo caso omiso al llamado internacional de parar la persecución y las desapariciones de civiles en Nicaragua. En las últimas horas, se han conocido varios casos de personas que fueron secuestradas por paramilitares, que operan a plena luz del día y acompañados de la Policía.
Uno de esos casos fue el secuestro del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Tomás Ramón Maldonado Pérez, denunciaron sus familiares en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y también puesto en conocimiento a un representante de la CIDH.
El secuestro del cual fue objeto Maldonado este jueves, alrrededor de la 1:00 de la tarde, fue perpetrado por paramilitares que se movilizaban en vehículos con placas de Carazo. Los encapuchados armados llegaron a la casa de un familiar de este en Managua, reporta el periodico nicaragüense La Prensa.
Julia Balvina Gutiérrez, esposa de Maldonado, de 63 años, destacó que este fue secretario político departamental en Carazo y diputado suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el
Frente Sandinista. Pero ahora estaba retirado de la política y se había dedicado a la religión, como pastor evangélico a cargo de una iglesia en Diriamba.
Según su familia, está enfermo y su salud desmejoró tras el constante acoso e intimidación contra su familia.
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La denunciante indicó que la persecución que sufrían aumentó después que fueron levantados los tranques en Carazo, debido a que su hijo Joao Maldonado “andaba apoyando las marchas de autoconvocados (…) y a raíz de eso nos vinieron hostigando fuertemente nuestra casa”, al extremo que se vieron obligados a abandonarla.
La casa fue manchada con pintas tales como “plomo”, “terrorista asesino”. Y a esto siguieron las amenazas en las que les decían que les llegarían a quemar la vivienda por “traidor”.
La esposa de Maldonado denunció que la noche del jueves, después que se lo llevaron los paramilitares en Managua, también incursionaron a su casa en Jinotepe, donde botaron las puertas y la saquearon
“Nosotros lo que queremos es que así como se lo llevaron vivo, así lo regresen, la salud de él está un poco delicada por la diabetes”, reveló Gutiérrez, tras resaltar que ellos conocían de personas que tenían interés en hacerle daño a su cónyuge. “Incluso personas que sabemos, familiares, que están como paramilitares también hostigaban, y nosotros responsabilizamos a esas personas de todo lo que le pueda ocurrir… y a este sistema que no tolera que otros piensen diferente”, acotó.
Este caso “grafica de manera elocuente la continuación de toda una operación de persecución ilimitada” tanto de la Policía como por paramilitares, aseguró el abogado del Cenidh, Gonzalo Carrión.
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“Esto demuestra que aún no hay normalidad, como Ortega pretende vender al mundo para reducir la tensión”, añadió el jurista.
Por su parte un grupo de mujeres nicaragüenses, encabezadas por la poetisa Gioconda Belli, solicitó este jueves al Ejército de Nicaragua “desarmar” a los grupos paramilitares que “usurpan” las funciones de las fuerzas armadas del país, en medio de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril.
En una carta pública dirigida al jefe del Ejército, Julio César Avilés, las mujeres le pidieron que “proceda a desarmar a los grupos parapoliciales que usurpan sus funciones y el equipamiento de la institución que usted dirige, para realizar actos criminales en contra de la población civil”.
Los parapolicías, también denominados paramilitares, son señalados por instituciones humanitarias como el brazo armado con que el presidente Ortega ejecuta ataques armados contra ciudades que se rebelan a su Gobierno, así como “ejecuciones extrajudiciales”.
El grupo de mujeres que solicitó el desarme de los grupos violentos está compuesto por la poeta y escritora Gioconda Belli, la experta en educación Josefina Vanini, la especialista en prevención de la violencia Mónica Zalaquett, la dirigente del Frente Amplio por la Democracia Violeta Granera, y la presidenta de la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, Cristiana Chamorro.