La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer la creación de “un grupo de trabajo” para Nicaragua que tendrá como misión apoyar el diálogo nacional y contribuir a la “búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.
Sin embargo, el ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, avisó ayer de que su Gobierno no consentirá la presencia en su territorio de ningún “grupo de trabajo” o “comisión especial” creados en el seno de la OEA.
“El Gobierno de Nicaragua no permitirá en su territorio ningún grupo de trabajo o como se quiera llamar, ese tipo de precedentes no conviene a la mayoría de países aquí representados”, dijo Moncada.
La formación del “grupo de trabajo” fue incluida en una resolución aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington.
En un principio, ocho países (EE. UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) habían impulsado la creación de una “comisión especial”; pero decidieron cambiar la denominación para lograr un mayor respaldo a la iniciativa, que fue rechazada por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La resolución recibió el respaldo de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que cuatro votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas), ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausentes. La iniciativa necesitaba 18 votos para ser aprobada.
Según el texto, el “grupo de trabajo” tendrá el objetivo de “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua”, y añade que eso se hará “incluso por medio de consultas por el Gobierno de Nicaragua”, una frase que no había sido incluida en la propuesta original.
Además, ese grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre “sus gestiones y progresos” sobre Nicaragua.
Una de sus misiones más importantes será contribuir al diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.