Los salvadoreños asistirán en 2019 a una contienda electoral muy peculiar. Se trata de una elección que tendrá lugar en medio de un contexto latinoamericano bastante agitado. Los ciudadanos están altamente insatisfechos con el desempeño de los políticos. Esto ha provocado la integración de Asambleas Legislativas divididas, disputas presidenciales cerradas, deterioro acelerado de los partidos tradicionales y la llegada de personajes con proyectos populistas a los Ejecutivos.
Como resultado de esas preocupantes circunstancias, los congresos presentan altas cuotas de fragmentación política. Con excepción de México, donde el partido del candidato ganador obtuvo la mayoría de diputados, los procesos celebrados entre 2017 y 2018 nos muestran un continente en el que los partidos oficiales no cuentan con suficientes legisladores que garanticen la gobernabilidad a los presidentes.
El comportamiento de los electores y la realidad política a la que se enfrentan los partidos los obligan a adoptar tácticas electorales diferentes a las de competencias anteriores. La coalición de partidos representa uno de los factores relevantes de la disputa. Los candidatos y sus estrategas saben que no son tiempos para correr solos por la primera magistratura del país. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo entendió perfectamente y reunió en su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a los que renunciaron de los dos partidos que gobernaron a México en los últimos ochenta años, a expresiones políticas emergentes y a sectores estratégicos de la sociedad. Lo mismo hizo Ricardo Anaya al establecer una agrupación entre el PAN y el PRD. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) le apostó a su candidato y decidió luchar en solitario por la silla del águila. Al final quedó relegado al tercer puesto, muy por debajo del primero y segundo lugar, perdió injerencia en el Congreso y en el Senado y, de no regenerarse, su existencia está en riesgo.
La alianza encabezada por el principal partido de oposición nos muestra un escenario similar en el caso salvadoreño. Buena parte del voto conservador se aglutina en las fuerzas políticas que integran la unión alrededor de ARENA. Sin embargo, al ganador no lo definirá una sola porción de la población. MORENA, el partido AMLO, logró juntar a pensamientos de izquierda y de derecha, a los insatisfechos y enojados con la política y a los que se estrenaron como votantes. Este es el gran desafío de los que contendrán por la presidencia de la República en 2019.
La motivación de quienes eligen ya no es la misma de hace cinco o diez años. La gente prefiere a quienes prometen resolver los problemas en el corto plazo; rechazan a los que ya detentaron cargos públicos, no cumplieron sus promesas y dicen que en el próximo quinquenio harán las cosas de manera distinta; y aplauden a los que desafían el “statu quo”. El reto de quienes quieren ejercer el poder responsablemente es el de desmontar las mentiras de los que ofrecen soluciones inmediatas y proponer remedios a los dilemas nacionales que sean de fácil entendimiento para los electores, financiables y sostenibles en el tiempo.
López Obrador pasó de “populista” y “antisistema” a presidente electo de México. Su trayectoria de más de treinta años en política, jefe de gobierno de la capital y tres veces candidato a la presidencia, lo distingue de aquellos que pretenden usurpar su discurso. El “Peje” moderó, elección tras elección, sus disertaciones y planteamientos públicos. Declarado ganador, se comprometió a respetar las instituciones y las libertades, a cuidar la disciplina fiscal y a someterse al Estado de Derecho; falta comprobar su desempeño en el gobierno nacional.
En todo este enredijo se encuentra también el disminuido protagonismo de las autoridades electorales. El Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas arrojan un desgaste acelerado de los árbitros de las elecciones. Este alto desprestigio es aprovechado por quienes pierden alegando fraude en el conteo, una pésima organización del evento o tardías resoluciones en los procesos de impugnación de los resultados.
Ahora más que nunca debemos recordar que las “instituciones importan”. Además de recuperar la reputación del TSE para asegurar el respeto de la voluntad popular, es necesario reforzar la institucionalidad democrática, solo así, llegue quien llegue a casa presidencial, sabrá que existen límites y que las decisiones arbitrarias serán juzgadas y castigadas.
Abogado y politólogo