El miembro de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, avaló la investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República (FGR) contra los diputados por no elegir a tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero consideró que debe ir dirigido a quienes están “obstaculizando” la elección.
El fiscal general, Douglas Meléndez, anunció el martes que recibió la denuncia de un abogado contra los legisladores por presunto “incumplimiento de deberes”, al retrasar la elección de los 4 nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 para la Sala de lo Civil, y que debieron hacerlo el 15 de Julio anterior.
Al respecto, el también jefe de fracción pecenista desligó a su bancada de la responsabilidad por el atraso en el nombramiento de los funcionarios y apuntó el dedo contra quienes la han entrampado.
“Debería ser contra aquellos diputados que están obstaculizando la toma de decisiones. El fiscal ha tenido a la vista a través de los medios de comunicación, quienes somos los partidos y diputados que ya hemos presentado nuestras propuestas y hemos estado reclamando a quienes todavía no toman decisiones”, dijo Almendáriz a El Diario de Hoy.
Al respecto el diputado del PDC y también miembro de la Comisión Política del Congreso, Rodolfo Parker, consideró procedente la investigación que ha iniciado la Fiscalía, aunque cree que no han cometido ningún delito.
“Yo como abogado no ignoro que existe un delito de desobediencia de deberes; también conozco que cualquier ciudadano o puede iniciar un proceso legal, que es lo que ha ocurrido, pero de allí a que realmente exista delito, es otra cosa”, manifestó el dirigente pedecista.
Por su parte, la diputada de ARENA, Margarita Escobar, dijo que está bien que la Fiscalía abra una investigación. “Ojalá en esa investigación también se tome en cuenta no solamente el procedimiento por el que hay que elegir en tiempo, sino, los temas que han imposibilitado elegir a tiempo; en esta imposibilidad que tome en cuenta los criterios que deben ir pegaditos con la elección”, recalcó.
Por su parte, el diputado del PCN, Mario Ponce, dijo que en todo caso la investigación fiscal debe de ir dirigida contra los miembros de la Comisión Política.
“Bajo el supuesto que eso sucediera tiene que ser para los de la Comisión Política no para los 84 diputados; los diputados que no somos de la Comisión Política no hacemos mayor incidencia en las decisiones de los que están en esa comisión”, justificó el legislador pecenista.
Sociedad civil atenta
Miembros de organizaciones de la sociedad civil han seguido de cerca el proceso de elección de los magistrados de la CSJ, y ahora que se ha abierto una investigación esperan que tenga incidencia en el futuro actuar de los legisladores.
“Una salida para que no se afecte a la población podría ser pensar el hecho de reformar la Constitución para que al terminar el periodo de los magistrados que se prologue ese periodo mientras no se elijan a los nuevos magistrados, así no queda acéfala o desintegrada por la irresponsabilidad del legislador”, planteó Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana.
“Ante las situaciones que se presentan la sociedad civil está activa y no cabe duda que alguna incidencia produce”, consideró el abogado Rómulo Rivas Blanco, dirigente del Movimiento Independiente para la Reforma Electoral (MIRE).