Centroamérica es una de las regiones pioneras en integración regional. Pero a pesar de sus inicios tempranos, no ha tenido capacidad de crear una red robusta de instituciones que le permitan atender problemas conjuntos.
El éxito inicial de la integración económica centroamericana se debe a la relativa independencia de sus instituciones. El Tratado General de Integración Económica (TGIE) estableció una secretaría general a cargo del proceso –hoy Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que concentraba tareas y funciones rutinarias que aseguraban el funcionamiento del mercado regional–, además de un banco de desarrollo que canalizaba a la región los recursos para promover el desarrollo industrial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En tiempos de crisis, sin embargo, la institucionalidad regional ha mostrado ser frágil y sucumbir a las presiones políticas de cada país, que en repetidas ocasiones han entorpecido el consenso para imponer sus propias agendas o evadir responsabilidades.
Ningún país se ha atrevido a denunciar el TGIE o renegar públicamente de sus compromisos adquiridos en dicho marco, pero en medio de crisis políticas de toda índole, ha sido común que cada país priorice la agenda nacional a costa del objetivo compartido.
He tenido la oportunidad de estar directamente involucrado en la integración centroamericana por más de siete años, primero desde el Ministerio de Economía y hasta hace poco como director ejecutivo de la SIECA, en la administración de la Secretaria General Carmen Gisela Vergara (2013-17). En este tiempo, el objetivo primordial de nuestro plan de trabajo era reestablecer la capacidad institucional de SIECA, dañada por el ilegítimo nombramiento del secretario general anterior, por parte de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua – Costa Rica nunca fue parte de la decisión y siempre manifestó su desacuerdo con el nombramiento.
La primera acción fue limitar los poderes discrecionales del secretario general, estableciendo políticas y procesos transparentes para todo el quehacer de la Secretaría, resultando en el fortalecimiento del capital humano disponible y asegurando que su nombramiento fuera por mérito. Desafortunadamente varias de estas políticas han sido revertidas bajo la administración actual. En el ámbito internacional, se posicionó a SIECA como un contribuyente activo en las discusiones de comercio internacional como en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y foros similares. Hoy se ha descuidado esta tarea fundamental de incidencia a nivel internacional.
En este tiempo nuestro trabajo fue obstaculizado por las prioridades individuales de los Estados, que en demasiadas ocasiones sacrifican los compromisos comunes, algunos de ellos derivados de acuerdos internacionales. Como el trabajo de SIECA depende exclusivamente de la voluntad política de los miembros del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), el proceso fluye de forma irregular.
En 2014, por ejemplo, un Estado pidió a SIECA preparar un reglamento para hacer operativo el artículo 44 del Protocolo al TGIE – que mandata a SIECA velar por la correcta aplicación de los instrumentos jurídicos de la integración económica. Dicho reglamento permitiría a SIECA señalar a un Miembro cuando no esté en cumplimiento con las obligaciones derivadas del TGIE y su Protocolo. Pero cuando el reglamento fue presentado al Comieco, el mismo Estado que pidió su elaboración fue el que rompió el consenso e impidió su adopción, pidiendo más tiempo para analizar la propuesta. Cuatro años más tarde, debemos suponer que sigue analizando la propuesta y el resto de Estados parece haber olvidado el tema.
No veo camino alguno en el que Centroamérica pueda seguir avanzando sin que la integración juegue un rol fundamental en su desarrollo. Pero si la región verdaderamente quiere aprovechar este potencial, debe rediseñar sus instituciones. En el caso de la SIECA, sus Estados Parte deben permitirle ejercer las funciones que los instrumentos fundacionales le confieren, aún si esto implica que las políticas nacionales puedan analizarse a la luz de compromisos regionales.
La integración económica no puede avanzar si el sistema entero es rehén de un país específico. Y para prevenir esto es necesario racionalizar el proceso de toma de decisiones y establecer un sistema de pesos y contrapesos. Sin rendición de cuentas, no es sorpresa que las agendas nacionales continúen a imponerse sobre el bien común de la región.
Este artículo está basado en la versión en inglés publicada en www.TheGlobalAmericans.org
Licenciado en Economía y Negocios de la ESEN con Maestría en
Derecho Internacional y Economía de la Universidad de Berna
@jantgut