El 62% de los adultos mayores que tienen más de 65 años en El Salvador no tiene ni una pensión ni un salario como fuente de ingreso, según revela el informe “Presente y Futuro de la Protección Social en América Latina”, difundido recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Del 100% de los adultos que incluyeron en este estudio, el 27.3% financia sus gastos con un salario, el 9.1% lo hace con la ayuda de una pensión y apenas el 1.5% los sufraga con un salario combinado con su pensión, lo que demuestra una baja cobertura de seguridad social en El Salvador.
Los datos son una elaboración propia de la OIT con base a encuestas recopiladas de las instituciones de cada país.
Según el estudio, la mayoría de los países de la región tiene niveles de cobertura inferiores al 15%, explicado en parte por los altos niveles de informalidad que caracteriza a estos trabajadores conjuntamente con la ausencia de obligatoriedad para su afiliación.
En América Latina 55 % de los trabajadores no cotizan a un sistema de seguridad social para enfrentar riesgos sociales como la enfermedad, el desempleo y aquellos asociados a la vejez.
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Datos de la Superitendencia del Sistema Financiero salvadoreño, a mayo de 2018 están afiliados al sistema previsional un total de 3.3 millones de salvadoreños, pero de esos, apenas 718,839 cotizan regularmente, lo que les garantizará una pensión en su vejez. Eso representa apenas el 21.6% de cotizantes que están aportando para su vejez.
En América Latina más de 145 millones de trabajadores no cotizan en una región donde la población está envejeciendo, advirtió el Director Regional de la OIT para América Latina José Manuel Salazar-Xirinach.
Y las mujeres suelen ser el género más afectado por esta baja cobertura, pues la mayoría trabaja en la informalidad o con empleos que no alcanzan el salario mínimo.
“Las trabajadoras domésticas, en general, se encuentran en una situación de desventaja en términos de derechos laborales. En la mayoría de los países la contratación de trabajo doméstico aún puede realizarse verbalmente. La jornada laboral tampoco es un tema resuelto, países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana no tienen ninguna regulación respecto a la jornada de las trabajadoras domésticas y sólo se han establecido períodos de descanso cada 9 o 12 horas”, señala el documento.
Incremento
Aún así, el informe revela que ha habido un incremento en la cobertura en los últimos diez años, sobre todo por el incremento de empleados en el sector público.
“Los mayores aumentos de cobertura en los asalariados públicos se dieron en El Salvador, Argentina, Bolivia y Perú, en ese orden; y entre los trabajadores privados en Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina”, revela el documento.
El informe destaca la necesidad de aumentar esta cobertura a través de sistemas no contributivos con los que los adultos mayores puedan recibir algún beneficio en el ocaso de su vida.
Sin embargo, aclara que esto depende de una sanidad fiscal con la que el Estado pueda tener más recursos para ayudarles.
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En El Salvador, el sistema de pensiones es administrado por empresas privadas que hasta septiembre de 2017 estaban limitadas por ley a diversificar sus inversiones y a ofrecer más beneficios a los cotizantes, para incentivar la afiliación y cotización.
No fue sino hasta después de una serie de reformas al sistema que se les permitió ofrecer otros incentivos a los cotizantes.
Así mismo el estudio señala la importancia de trabajar desde hoy en mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos, sobre todo porque el bono demográfico que tiene hoy Latinoamérica se irá reduciendo en los próximos años y la dependencia de los adultos mayores será mayor.
Los datos del estudio muestran que en 2050 la tasa de dependencia de los adultos mayores será del 27.1% y en 2100 será del 61.3%, lo que significa que habrá más personas que demanden beneficios de seguridad social.
Además, señala que es importante considerar la seguridad social de cara a los nuevos cambios tecnológicos e incluso, el cambio climático.
“Los países de América Latina y el Caribe deberán ser capaces de dar protección laboral y social también a nuevas formas de empleo que permitan impulsar relaciones laborales armónicas y balanceadas entre los distintos actores sociales a efectos de no profundizar la desigualdad que tradicionalmente ha caracterizado a la región”, establece el documento.